La juez que investiga los vertidos al cauce pide un análisis al Instituto de Toxicología de Barcelona
La juez Francisca Martínez, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Orihuela, ha encargado un análisis al Instituto de Toxicología de Barcelona para determinar el grado de contaminación del Segura. El encargo es una diligencia más del proceso judicial abierto contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo que en 1998 vertió en los aledaños del río lodos supuestamente contaminados extraídos del cauce con motivo de una campaña de limpieza del río a su paso por Orihuela y Rojales. El portavoz del colectivo Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, considera que los resultados de ...
La juez Francisca Martínez, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Orihuela, ha encargado un análisis al Instituto de Toxicología de Barcelona para determinar el grado de contaminación del Segura. El encargo es una diligencia más del proceso judicial abierto contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo que en 1998 vertió en los aledaños del río lodos supuestamente contaminados extraídos del cauce con motivo de una campaña de limpieza del río a su paso por Orihuela y Rojales. El portavoz del colectivo Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, considera que los resultados de los análisis solicitados por la juez serán "claves". Después de conocer otros análisis realizados a las aguas del Segura, Muñoz Grau está convencido de que el instituto catalán hallará metales en las muestras, porque "el río recibe vertidos de industrias químicas, conserveras y de curtidos, entre otras, desde la provincia de Murcia".
Pro-Río considera que habría que pedirle responsabilidades por la contaminación del río al presidente de la CHS y al presidente de la Diputación de Alicante, quienes "han defendido la ausencia de contaminación por metales en el Segura", en base a estudios realizados por la propia empresa encargada de extraer los lodos y por la Universidad Miguel Hernández. "Esos informes no despiertan nuestra confianza", dijo.
Al margen de la instrucción de esta causa que tantas expectativas ha levantado entre los colectivos en defensa del Segura, las administraciones con competencias en el río están tomando conciencia de la magnitud del problema fuera de las campañas electorales. Desde Murcia, que ha puesto en marcha una macrodepuradora, se ha anunciado un nuevo plan para que las industrias frenen sus vertidos al cauce. En Orihuela, donde el problema es más grave, se han puesto en marcha medidas para extremar el control a los vertidos ilegales. La Generalitat, por su parte, ha reconocido que la situación es crítica, tanto por la cantidad como por la calidad del agua. La solución definitiva, según el consejero de Obras Públicas, García Antón, la traerá el Plan Hidrológico Nacional.