El Ejército de Sudán despeja a sangre y fuego las zonas petroleras
El Ejército de Sudán y sus milicias aliadas, incluidas fuerzas iraquíes, están despejando las zonas ricas en petróleo mediante ataques militares a civiles, matanzas colectivas, violaciones y torturas a hombres, mujeres y niños. Así lo denunció ayer Amnistía Internacional, que acusó a las empresas petroleras que allí operan, entre ellas Elf-Aquitaine, TotalFina o Agip, de mantener los ojos cerrados mientras las fuerzas de seguridad les hacen el trabajo sucio.
"El descubrimiento del petróleo ha llevado a enormes violaciones de los derechos humanos en Sudán, a desplazamientos forzosos, bom...
El Ejército de Sudán y sus milicias aliadas, incluidas fuerzas iraquíes, están despejando las zonas ricas en petróleo mediante ataques militares a civiles, matanzas colectivas, violaciones y torturas a hombres, mujeres y niños. Así lo denunció ayer Amnistía Internacional, que acusó a las empresas petroleras que allí operan, entre ellas Elf-Aquitaine, TotalFina o Agip, de mantener los ojos cerrados mientras las fuerzas de seguridad les hacen el trabajo sucio.
"El descubrimiento del petróleo ha llevado a enormes violaciones de los derechos humanos en Sudán, a desplazamientos forzosos, bombardeos, violaciones y secuestros", relataba ayer, por teléfono desde Londres, el director de Amnistía Internacional para África, Maina Kiai. El petróleo de Sudán lleva allí mucho tiempo, recuerda Kiai, pero su explotación a gran escala ha sido posible gracias a la construcción de un oleoducto que fue inaugurado en agosto de 1999. Hoy, una auténtica lluvia de oro, un millón de dólares al día (180 millones de pesetas), riega las maltrechas arcas del país. Y las zonas ricas en petróleo se han convertido en el primer objetivo del Ejército y la gran gama de guerrillas y milicias que operan en el país.
Una de las zonas de las que parte el oleoducto es la región del Alto Nilo Occidental, y es allí donde se han producido los peores ataques. Decenas de miles de personas han sido obligadas a abandonar sus casas, aterrorizadas, en 1999, según el informe que Amnistía ha titualado El precio humano del petróleo. El Gobierno integrista de Sudán, que controla el norte musulmán y combate contra la guerrilla del sur, de mayoría animista y cristiana, emplea para ello ataques de tierra y bombardeos indiscriminados desde el aire para expulsar a la población local de las zonas ricas en petróleo.
Las tácticas militares incluyen los peores usos que ya se han hecho habituales en una guerra que dura ya casi medio siglo: destruir la cosecha, asaltar la despensa y ocupar la zona con la intención de persuadir a cualquiera que quiera regresar.
En el pueblo de Bentiu, por ejemplo, un ataque de aviones Antónov desde gran altura y de helicópteros supuestamente pilotados por soldados iraquíes despejó rápidamente la zona. Las tropas apoyaron desde tierra con graves violaciones de los derechos humanos, según Amnistía Internacional: sacaron a los civiles de sus casas, ejecutaron masivamente a los hombes y clavaron a las mujeres y niños a los árboles con puntas de acero. Las fuerzas del rebelde Paulino Matip han ejecutado a decenas de civiles, violado y secuestrado a mujeres y quemado y destruido sus hogares, según contó a Amnistía uno de sus hombres, Peter Gadet. En una entrevista concedida en octubre de 1999, Peter Gadet reconoció que el "objetivo principal de las atrocidades era conseguir el control de los campos de petróleo".
Los aterrorizados sudaneses muertos o huidos de esas zonas ricas en petróleo se suman así a una macabra lista de víctimas que ningún acuerdo de alto el fuego ha logrado parar: dos millones de muertos desde 1983; 4,5 millones de desplazados y un millón de exiliados. En medio del drama, una docena de compañías internacionales han acampado en Sudán y extraen el petróleo con el apoyo del Ejército del país. Son, además de varias asiáticas y del Golfo, International Petroleum Corporation, de la sueca Lundin Oil Ab; la austriaca ÖMV Sudan GmbH; la italiana Agip; las francesas Elf-Aquitaine y TotalFina; y la canadiense Talisman, que acaba de contratar a un monitor de derechos humanos en Sudán tras la oleada de críticas, según la agencia Reuters. "No tenemos pruebas de que estén implicadas, pero tienen la responsabilidad porque se benefician de esas violaciones", afirma Kiai. "Algunas han pedido medidas de seguridad al Gobierno, y otras han contratado compañías privadas". Y en esos ejércitos privados trabajan miles de niños sudaneses reclutados a golpes en las calles de Jartum o en los pueblos del país.
ón: www.amnesty.org