Castilla-La Mancha retira la licencia a dos empresas vinculadas al 'caso del lino'
La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, retirará la autorización a tres de las cuatro empresas transformadoras de lino textil de la comunidad por "las graves irregularidades detectadas en el proceso de transformación y contabilidad" durante la campaña 98-99. Dos de estas empresas expedientadas están vinculadas a altos cargos del PP en el Ministerio de Agricultura que dimitieron en su día al estallar el escándalo del cobro irregular de las subvenciones europeas al lino.
La consejería ha decidido retirar durante dos campañas la autorizac...
La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, retirará la autorización a tres de las cuatro empresas transformadoras de lino textil de la comunidad por "las graves irregularidades detectadas en el proceso de transformación y contabilidad" durante la campaña 98-99. Dos de estas empresas expedientadas están vinculadas a altos cargos del PP en el Ministerio de Agricultura que dimitieron en su día al estallar el escándalo del cobro irregular de las subvenciones europeas al lino.
La consejería ha decidido retirar durante dos campañas la autorización a Colisur 2000, SL, ubicada en Picón (Ciudad Real); Colino, SL, de Almoguera (Guadalajara), y Celytex, SA (Guadalajara).Colisur 2000 es propiedad de la familia de Nicolás López de Coca, ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del que depende en parte la gestión de las subvenciones europeas, y que fue nombrado por la entonces ministra de Agricultura y ahora comisaria europea, Loyola de Palacio. A la dirección de Colino estuvo vinculado el ex director financiero de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz.
Ambos altos cargos tuvieron que dimitir tras destaparse el escándalo de las millonarias subvenciones de fondos europeos que recibían por el cultivo del lino ellos o sus familias.
La polémica, que salió a la luz poco antes de las elecciones europeas, en las que De Palacio era la cabeza de lista del PP, llegó hasta el Congreso, donde los populares se sirvieron de su mayoría y del apoyo de sus socios para concluir que no había existido ningún tipo de irregularidad en la concesión de ayudas y que, en todo caso la responsabilidad correspondía a las comunidades autónomas, y sobre todo a Castilla-La Mancha. La subcomisión que se creó para estudiar el caso cerró sus trabajos en pleno mes de agosto, fuera de las sesiones regulares, y se vivieron jornadas de hasta 14 horas por la prisa que tenía el PP en cerrar la polémica. Los socialistas e Izquierda Unida calificaron de fraude todo el proceso.
En lo que se refiere a la investigación de la Junta de Castilla-La Mancha, y según responsables de la consejería de Agricultura, "las cuentas no cuadran" porque "una cosa es lo que aparece en los libros contables y otra muy distinta el lino que estas plantas han transformado realmente".
En los tres casos se han comprobado "irregularidades contables" con "diferencias y desajustes entre los libros contables y la transformación real del lino". Irregularidades a las que se suma "la imposibilidad de que la maquinaria y el personal declarados por la empresa pudieran procesar la cantidad de lino teóricamente transformado".
Horarios imposibles
En el caso de Colino, según la investigación llevada a cabo por técnicos de la consejería, lino, era imposible que se transformaran los kilos de varilla de lino que reflejaba su contabilidad. Para que esas cifras fueran ciertas, en la campaña 98/99 las máquinas hubieran tenido que trabajar más de 24 horas al día durante un mes.
La inspección realizada a la empresa Colisur 2000 reflejó que faltaba un 35% de su producción, con un consumo de energía muy irregular y contradicciones como que, según la contabilidad de la empresa, aparecía un día transformada la misma partida de lino que supuestamente se había destruido en un incendio tres días antes. Precisamente los múltiples e injustificados incendios que se produjeron en las plantas de lino fueron también objeto de polémica y de denuncia política por parte de los socialistas.
En la tercera de las plantas, Celytex, se comprobó que faltaba el 60% de la producción porque no aparecieron dos millones de kilos de lino ya transformado. La única empresa transformadora en la que no se detectaron irregularidades, y que seguirá en funcionamiento, es Plantex, situada en el municipio de Los Yébenes (Toledo).