Matutes prohíbe al fiscal inglés que represente hoy a España en la vista del 'caso Pinochet'
El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige Abel Matutes, cursó ayer, a través de la Embajada española en Londres, instrucciones a la fiscalía británica, agente español en el caso Pinochet, para que ningún miembro de la misma pueda estar presente en representación de España en la vista que el Alto Tribunal de Justicia británico celebrará hoy y que será decisiva para resolver si se libera o no al ex dictador chileno. El Gobierno de Bélgica y Amnistía Internacional presentaron ayer recursos de revisión y piden que se suspenda la liberación de Pinochet.
La defección de España puede fru...
El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige Abel Matutes, cursó ayer, a través de la Embajada española en Londres, instrucciones a la fiscalía británica, agente español en el caso Pinochet, para que ningún miembro de la misma pueda estar presente en representación de España en la vista que el Alto Tribunal de Justicia británico celebrará hoy y que será decisiva para resolver si se libera o no al ex dictador chileno. El Gobierno de Bélgica y Amnistía Internacional presentaron ayer recursos de revisión y piden que se suspenda la liberación de Pinochet.
La defección de España puede frustrar el recurso y precipitar la liberación de ex dictador antes del fin de semana. El Ministerio de Asuntos Exteriores cursó ayer, a través de la Embajada en Londres, instrucciones precisas a la Fiscalía de la Corona británica, que ha actuado durante 15 meses como agente de España en el caso Pinochet, para que hoy no acuda ningún funcionario en representación del Reino de España a la vista que examinará los recursos de revisión judicial presentados contra la decisión preliminar del ministro Jack Straw de liberar al general Pinochet. La prohibición expresa cursada a la fiscalía británica, que a su vez fue trasladada por la citada fiscalía al abogado encargado del caso, Alun Jones, pretende asegurar que no habrá hoy ninguna confusión respecto a la posición del Gobierno de José María Aznar frente al recurso de revisión judicial. El Gobierno ya había aclarado que no presentaría recurso, pero en las sucesivas comunicaciones enviadas los últimos días, el juez Baltasar Garzón ha insistido en que la liberación de Pinochet debe ser recurrida por ser una decisión casi judicial porque existen argumentos firmes para hacerlo. El Gobierno, vía Asuntos Exteriores, ha querido que no haya duda alguna: nadie de la Fiscalía de la Corona puede acudir hoy al tribunal en calidad de representante de España.
Fuentes jurídicas dijeron anoche que la silla vacía de España hoy en el Alto Tribunal de Justicia puede ser un elemento decisivo para el desenlace del caso. Ayer se presentaron, es cierto, dos recursos de revisión judicial, los de Bélgica y de Amnistía Internacional (AI) y otras cinco organizaciones de derechos humanos. Pero no parece claro, según fuentes judiciales, que AI pueda ser considerada una parte en el procedimimiento y, por tanto, tener título para presentar un recurso de revisión judicial. Tampoco en el caso de Bélgica su posición parece indiscutible, habida cuenta de que este país, pese a haber solicitado la extradición de Pinochet, no actuó hasta ahora como una parte en el caso.
Defección de España
Tanto AI como Bélgica pueden apoyarse en su defensa: el ministro Straw les ha invitado a pronunciarse. Pero las fuentes jurídicas consultadas dijeron que la defección de España, decidida por razones políticas (compromisos del Gobierno de Aznar con el de Chile, según ha sido anunciado públicamente), puede inclinar la balanza contra el recurso de revisión judicial.
Los abogados del despacho Field, de Londres, sostienen en su escrito que el Gobierno de Bélgica, que solicitó la extradición del general Pinochet para juzgarle por desaparición de personas, asesinatos y torturas, deseaban la contestación del Gobierno británico a la comisión rogatoria que enviaron hace pocos días, tras conocer la decisión preliminar del ministro Straw de liberar al ex dictador por razones de salud que le habrían incapacidado para someterse a un juicio en España. En dicha petición de auxilio judicial, Bélgica ofreció enviar un equipo de expertos médicos para revisar a Pinochet.
"Por ello, nuestra petición de revisión judicial se basa en tres puntos: primero, tenemos el derecho de tener acceso a los informes médicos realizados y que se mantienen en secreto; segundo, proponemos interrogar a los cuatro especialistas que hicieron los exámenes en un hospital de Londres, y tercero, exigimos la realización de nuevas revisiones con la presencia de un experto médico de Bélgica", explicó ayer Michel Malherbe, portavoz de Ministerio de Asuntos Exteriores, a EL PAÍS, en una conversación telefónica desde Bruselas.
El Gobierno belga, asimismo, estima que este recurso no debería ser un mero instrumento testimonial. "Mientras se debate nuestro recurso junto con el que han presentado las organizaciones de derechos humanos, queremos dejar claro que Bélgica desea que se prohíba la adopción de la decisión de liberar a Pinochet. Esto es una medida fundamental", añadió Malherbe.
Bélgica también se plantea la posibilidad de presentar una demanda en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya contra el Reino Unido, para lo cual ha explorado la posibilidad de hacer una presentación mañana, miércoles, en La Haya, solicitando alguna medida cautelar, las llamadas medidas "excepcionales" por el citado tribunal, dirigida, también, a frenar una eventual liberación del ex dictador chileno.
Por su parte, Amnistía Internacional plantea el alcance preciso de su recurso de revisión judicial, que es el de cancelar la decisión preliminar del pasado 11 de enero de liberar a Pinochet por estar, presuntamente, incapacitado para someterse a un juicio en España. "Dado el carácter que el mismo ministro del Interior ha dado a su función, esto es, su carácter casi judicial, está obligado a respetar en todo momento los principios de un proceso justo", dijo Andy McEntee, presidente de Amnistía Internacional, a éste periódico, tras presentar ayer su recurso en el Alto Tribunal de Justicia.
Según McEntee, "varios puntos de la decisión preliminar de Straw, como los exámenes médicos que se mantienen secretos, o la propia revisión médica que se le hizo al general Pinochet, en la que no pudieron participar observadores de las partes ni de los estados que solicitan la extradición, demuestran que no se ha respetado lo que llamamos justicia natural, es decir, las reglas que deben observar las personas que, como el ministro Straw, están abocadas a adoptar resoluciones que afectan a las personas. Se debe actuar de manera justa, de buena fe, sin prejuicio y con moderación".
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