Cuestión de equilibrio

Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno, y Juan Costa, secretario de Estado de Hacienda, han asegurado al unísono que si el PP gana las próximas elecciones y continúa el crecimiento de la economía, "seguirán bajando" los impuestos en España. La reforma del impuesto sobre la renta, aplicable desde este año para rentas generadas en 1999, ha bajado el tipo marginal mínimo del 20% al 18%, y el marginal máximo, del 56% al 48%; ha convertido las deducciones de la cuota del impuesto anterior en deducciones en la base y ha favorecido a los contribuyentes en 750.000 millones de pesetas. Aunque de for...

Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno, y Juan Costa, secretario de Estado de Hacienda, han asegurado al unísono que si el PP gana las próximas elecciones y continúa el crecimiento de la economía, "seguirán bajando" los impuestos en España. La reforma del impuesto sobre la renta, aplicable desde este año para rentas generadas en 1999, ha bajado el tipo marginal mínimo del 20% al 18%, y el marginal máximo, del 56% al 48%; ha convertido las deducciones de la cuota del impuesto anterior en deducciones en la base y ha favorecido a los contribuyentes en 750.000 millones de pesetas. Aunque de forma parcial, porque el PP prometió inicialmente que el marginal máximo bajaría hasta el 40%, está claro que el Gobierno ha cumplido su compromiso electoral.La reducción de impuestos es una de las principales armas electorales de este Gobierno, una iniciativa coherente con su política económica -baja los impuestos directos, aumenta la capacidad de compra de los ciudadanos y ésta, a su vez, eleva la recaudación por IVA y otros impuestos indirectos-, y, desde luego, es una decisión apoyada por los ciudadanos. Muchos países europeos, entre ellos los socialdemócratas de Alemania y Francia, apuestan por el alivio de las cargas tributarias directas. Pero, como en cualquier tipo de decisión económica, deben conocerse sus límites y precaverse contra sus excesos. Dejando a un lado el oportunismo electoral del PP -legítimo-, hay que recordar que una política tributaria debe ser coherente con las necesidades de la sociedad a la que pretende servir. España necesita hoy un volumen de inversión pública y prestaciones sociales mayor que los países citados, y que puede resultar incompatible con una desenfrenada rebaja de impuestos.

El recorte de los tributos sólo es posible cuando las condiciones de crecimiento económico y aumento del consumo lo permiten. Cuando la tasa de crecimiento desciende y el consumo de las familias decae, la pérdida de recaudación es muy rápida y rompe el equilibrio presupuestario. Otros Gobiernos experimentaron antes el espejismo del exceso de recaudación en épocas de bonanza económica y pagaron después con enormes déficit la ausencia de políticas complementarias de recortes del gasto público.

Por último, hay que insistir en que por sí sola la rebaja de los impuestos directos no constituye una mejora en la política tributaria de un país. Por el contrario, puede ser un factor regresivo si, al mismo tiempo, no se articula una política coherente y sostenida de persecución del fraude fiscal y no se corrigen los desequilibrios de tributación entre las distintas fuentes de renta. No es admisible, por ejemplo, que las rentas de trabajo sigan aportando aproximadamente el 80% de la recaudación por IRPF en España. Y menos aceptable aún que la falta de información oficial -la última Memoria de la Administración Tributaria publicada es la de 1996- impida a los ciudadanos saber quién paga impuestos en España y cuánto. Ésta es una cuenta pendiente de este Gobierno que ni reconoce ni parece dispuesto a saldar.