La política social conservadora VICENÇ NAVARRO

Dentro de unos meses Cataluña y España tendrán unas elecciones a las Cortes Españolas que tendrán gran trascendencia para el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población, incluyendo la población catalana. A pesar de la gran importancia de este hecho en la vida política de nuestro país, existe el riesgo de que el gran debate político que precede a tales elecciones no se centre en los temas cotidianos que preocupan más a la ciudadanía -tales como el trabajo, las pensiones, la educación, la sanidad, la vivienda y otros-, sino en los grandes temas del Estado, es decir, temas como la a...

Dentro de unos meses Cataluña y España tendrán unas elecciones a las Cortes Españolas que tendrán gran trascendencia para el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población, incluyendo la población catalana. A pesar de la gran importancia de este hecho en la vida política de nuestro país, existe el riesgo de que el gran debate político que precede a tales elecciones no se centre en los temas cotidianos que preocupan más a la ciudadanía -tales como el trabajo, las pensiones, la educación, la sanidad, la vivienda y otros-, sino en los grandes temas del Estado, es decir, temas como la autodeterminación y configuración del Estado que, aunque son importantes, son percibidos por la ciudadanía como lejanos a su quehacer diario. Es probable que las recientes tensiones en el País Vasco contribuyan a dar todavía más visibilidad mediática a estos grandes temas de configuración e identidad del Estado, sesgando el debate hacia temas lejanos a la preocupación ciudadana los cuales se centran en temas de su cotidianidad. Este distanciamiento hacia estos últimos temas y su escasa visibilidad favorece a las opciones conservadoras gobernantes que son las que se benefician de esta falta de atención mediática, puesto que son precisamente las políticas públicas llevadas a cabo por las opciones gobernantes en España y en Cataluña las que son responsables de que no se estén resolviendo algunos de los problemas más graves con que la mayoría de la población se enfrenta. Así, mientras que la intelectualidad, así como el mundo político y mediático, está absorbida estos días en temas de identidad, apenas han tenido proyección mediática dos hechos importantísimos para el bienestar de la población que han ocurrido con la aprobación en las Cortes Españolas del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 propuesto por el Gobierno conservador español (con el apoyo esencial de la opción política que gobierna en Cataluña). Por primera vez desde que existe democracia en España, los impuestos indirectos (que recaen principalmente en las clases populares) superarán en recaudación al Estado a los impuestos directos que son en su mayoría progresivos. Como resultado de estas políticas fiscales regresivas (en que las clases populares pagan más impuestos proporcionalmente que las clases más pudientes), las familias de rentas más altas han dejado de cotizar 800.000 millones de pesetas, cantidad suficiente para proveer de servicios domiciliarios a ancianos y a personas con discapacidades a todas las familias españolas (incluyendo las catalanas) que los necesitaran, financiando un derecho universal de acceso a los servicios de ayuda a la familia, hoy inexistente en España y en Cataluña (creando a su vez 320.000 nuevos puestos de trabajo en la provisión de tales servicios). Estas políticas fiscales se están llevando a cabo a la vez que aquellas opciones conservadoras niegan la posibilidad de extender el Estado de bienestar debido a la escasez de recursos, mensaje reproducido en las cajas de resonancia mediáticas que definen la sabiduría convencional. Mientras tanto, el gasto social del Estado español (como porcentaje del PIB) ha ido descendiendo en todos los presupuestos aprobados en 1996, 1997, 1998, 1999 y en los previstos para el año 2000, pasando de representar el 21,60% del PIB en 1996 al 19,77% en el año 2000. Este descenso ha sido incluso más acentuado en el gasto de la Seguridad Social (pensiones y protección social) y en educación. Esta situación es doblemente preocupante porque tanto en pensiones como en educación el gasto público español está muy por detrás del promedio de la UE. El descenso de apoyo a la educación pública va acompañado con un aumento de la subvención a la educación privada, a la vez que se reduce de una manera muy sustancial el gasto público de becas y ayudas directas a estudiantes, un gasto que es de los más bajos en la UE, que representa sólo el 2,8% de todo el gasto educativo público, frente al 20% en Holanda y al 15% en Suecia y Dinamarca (Education at Glance. OECD. 1998). Este descenso en las ayudas al estudiantado entra en conflicto con el discurso oficial que habla de la necesidad de igualar las oportunidades de todos los ciudadanos para alcanzar los objetivos personales que éstos deseen. Igual priorización a lo privado aparece en la sanidad, donde se ha estimulado el crecimiento del aseguramiento sanitario privado a través de la reforma del IRPF, que desgrava las pólizas a las compañías de seguro sanitario privado, estimulando la privatización del sector sanitario. Esta reducción del gasto social es, en algunos capítulos como los servicios sociales de ayuda a las familias (tales como servicios domiciliarios a los discapacitados y ancianos), no sólo relativa sino también absoluta, es decir, hay un recorte de 9.000 millones, asumiendo que los ayuntamientos absorberán estos déficit. A pesar de su retórica profamiliar, las opciones políticas conservadoras que aprobaron tal presupuesto muestran una gran insensibilidad no sólo social, sino familiar. El gasto en protección de la familia continúa siendo el más bajo de la UE.

Estos recortes sociales afectan negativamente la calidad de vida de las clases populares, que son las que dependen más del gasto social (el 68% de pensionistas sería pobre en el caso de no recibir su pensión) y son las que más utilizan los servicios públicos del Estado de bienestar, como son la escuela pública o el centro de atención primaria público. Tales recortes, sin embargo, no afectan por lo general a las clases pudientes y clases medias de renta alta, que utilizan en su mayoría los servicios (tanto la escuela como la sanidad) privados. Estos últimos grupos son, en cambio, los que se benefician más de las políticas fiscales de las opciones conservadoras, lo cual explica su apoyo a tales políticas, unas políticas públicas que reproducen la polarización social existente hoy en Cataluña y en España.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.