El fiscal acusa a Barrionuevo y Corcuera de permitir los sobresueldos de sus altos cargos

El informe de calificación de la Fiscalía Anticorrupción entregado ayer en el juzgado de instrucción número 5, cuya titular es Carmen Valcarce, argumenta, con el aval del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, que la ausencia de control externo sobre el destino de los fondos reservados de Interior entre 1983 y 1993 permitió a los responsables de velar por su correcta administración "no sólo aplicarlos a fines ajenos a cualquier uso público, sino, en ocasiones, destinarlos a su propio enriquecimiento patrimonial", si bien a Barrionuevo y Corcuera sólo los acusa de consentir la malversación.Además ...

El informe de calificación de la Fiscalía Anticorrupción entregado ayer en el juzgado de instrucción número 5, cuya titular es Carmen Valcarce, argumenta, con el aval del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, que la ausencia de control externo sobre el destino de los fondos reservados de Interior entre 1983 y 1993 permitió a los responsables de velar por su correcta administración "no sólo aplicarlos a fines ajenos a cualquier uso público, sino, en ocasiones, destinarlos a su propio enriquecimiento patrimonial", si bien a Barrionuevo y Corcuera sólo los acusa de consentir la malversación.Además de las penas de 10, 7 y 8 años para Corcuera, Barrionuevo y Vera, el fiscal, que propone la comparecencia de 66 testigos, solicita otras de entre 10 y 4 años de cárcel para cinco ex altos cargos, e indemnizaciones que totalizan 1.340 millones de pesetas.

El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, dijo ayer, tras el Consejo de Ministros, que el "abuso" que se hizo de los fondos de Interior durante el mandato del PSOE "ofende el sentido ético de una sociedad y "conviene que se esclarezca cuanto antes". Poco antes, los tres principales encausados, Barrionuevo, Corcuera y Vera, resaltaban que, por más que se ha investigado a fondo a ellos y a sus familiares, no se les ha encontrado ningún enriquecimiento ilícito. Asimismo, negaban que la víspera hubieran intentado involucrar en el sumario a la Casa del Rey.

A este respecto, fuentes de La Zarzuela precisaron, ante una información publicada por el Periódico de Catalunya, que los fondos que recibió la Casa del Rey durante los años 80 se destinaron "única y exclusivamente a gastos de seguridad". Todas las cantidades, según Asunción Valdés, responsable de las relaciones con los medios de comunicación de la Casa del Rey, "están perfectamente documentadas, con sus justificantes".

Malversación

De los ocho imputados, el fiscal distingue entre las conductas de quienes "consintieron" el enriquecimiento de altos cargos del ministerio y las de los que se enriquecieron personalmente. Así, a Barrionuevo, quien ayer insistía en pedir una investigación del uso de los fondos reservados en todos los periodos y departamentos, le atribuye exclusivamente un delito continuado de malversación por "consentir la sustracción de caudales públicos". Luzón solicita para el ex ministro 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta.A su sucesor, José Luis Corcuera, le atribuye igualmente una malversación continuada por consentir el enriquecimiento de los antiguos altos cargos de Interior con sobresueldos, pero también una sustracción de 7,3 millones, que fueron destinados a la compra de joyas para regalos de Navidad para las esposas de determinados altos cargos del departamento, no a su enriquecimiento personal.

A Vera, en cambio, le imputa una malversación continuada por sustracción de caudales públicos, tanto por haber pagado sobresueldos a los directores generales de Policía y Guardia Civil y gobernadores civiles del País Vasco como por haberse apropiado él mismo de 255 millones de pesetas que destinó a la adquisición y mejora de diferentes inmuebles.

El fiscal solicita asimismo penas de 10 años de prisión para el ex director de Seguridad Julián Sancristóbal, ocho para el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado, cuatro años y siete meses para el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. En los tres casos, por delito continuado de malversación consistente en sustracción de caudales públicos y por haberse enriquecido cobrando sobresueldos. También pide cuatro años de cárcel para el ex gobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio López y para el ex jefe del Mando Único en la Lucha Contraterrorista Francisco Álvarez, por sustracción de caudales públicos. Todas las penas de prisión van acompañadas de la de inhabilitación absoluta por periodos de entre seis y 20 años.

La fiscalía reclama que los acusados indemnicen al Estado con 1.340 millones de pesetas, de los cuales a Vera le correspondería pagar 663 -408 por las cantidades abonadas a Roldán-, a Corcuera 381 -374 por entregas igualmente al ex director de la Guardia Civil- y a Barrionuevo 34 -por el mismo concepto-. En cambio, plantea que se excluya de la causa a Juan de Justo, ex secretario de Vera, al ex subdirector operativo de la Policía Agustín Linares y al abogado Jorge Argote.

Amparados por el secreto

El escrito relata que hasta la entrada en vigor de la ley reguladora de los fondos reservados de 1995, éstos se encontraban "bajo la más absoluta discrecionalidad del ministro, amparados por el secreto oficial en la medida en que se destinaran a la financiación de actividades o materias clasificadas". Esta situación permitió a Vera, según Luzón, convenir con Barrionuevo que parte de este dinero se destinara "a incrementar las retribuciones de algunos altos cargos del ministerio de especial relevancia y responsabilidad en la lucha antiterrorista". Según el fiscal, Barrionuevo autorizó a Vera a incrementar su propio patrimonio y el de altos cargos y gobernadores civiles del País Vasco y Navarra.Así, da por probado que en aquellos años Vera llegó a entregar a Sancristóbal 21 millones; que Sancristóbal dio a Roldán 14, y que éste recibió otros siete de Vera, quien entregó la misma cantidad al entonces gobernador de Vizcaya, Juan Ignacio López. Además, Vera dio a Roldán y Colorado otras cantidades, con la anuencia de los ex ministros.

El fiscal relata igualmente que en enero de 1990, en un restaurante de Moralzarzal (Madrid), Corcuera, Vera, Roldán y Colorado acordaron el reparto de una indemnización que les resarciera de un futuro cese en el cargo. Tras este acuerdo, Vera comenzó a remitir mensualmente, junto a los talones de 11,5 millones para la Dirección General de la Guardia Civil y de 15 millones para la Policía, sendos talones de cinco millones para Roldán y Colorado. Ambos percibieron estas indemnizaciones hasta 1991. Roldán recibió luego diez millones hasta 1993.

Para disimular la titularidad de estos fondos, Roldán montó una "mecánica de ocultación de medios de pago" fraccionando los cheques, que cruzaba con otros de diversa procedencia. Colorado ingresaba las cantidades en la cuenta de su amigo Mariano Jaquotot, ex vicepresidente del Real Madrid, ya fallecido, sin que conste que éste conociera el origen de los fondos. Vera se servía de su suegro, sin que tampoco conste si éste sabía de donde salía el dinero, para camuflar sus ingresos de 255 millones.