Andalucía suprime la 'censura previa' de los libros escolares

Andalucía ha decidido acabar con la polémica censura previa de los libros de texto. Un decreto presentado ayer da a las editoriales la libertad de publicar los libros escolares sin necesidad de pasar por un control previo autonómico y con el único requisito de registrarlos en la Consejería de Educación. A cambio, se exige que los textos estén en el mercado sin cambios al menos cuatro años. Siete comunidades tienen control previo.

Lo que las empresas editoriales han denominado "censura previa" y "antediluviana" para los libros de texto, acaba de ser suprimido en la comunidad andaluza, qu...

Andalucía ha decidido acabar con la polémica censura previa de los libros de texto. Un decreto presentado ayer da a las editoriales la libertad de publicar los libros escolares sin necesidad de pasar por un control previo autonómico y con el único requisito de registrarlos en la Consejería de Educación. A cambio, se exige que los textos estén en el mercado sin cambios al menos cuatro años. Siete comunidades tienen control previo.

Lo que las empresas editoriales han denominado "censura previa" y "antediluviana" para los libros de texto, acaba de ser suprimido en la comunidad andaluza, que se suma así al modelo implantado por el Ministerio de Educación en la época de Esperanza Aguirre. Las siete comunidades que mantienen aún los controles previos a la publicación de los libros escolares son: Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y el País Vasco.La medida adoptada por el socialista Manuel Pezzi responde a la reiterada petición de los editores a las comunidades de eliminar estos controles. Las quejas de los editoriales hacen referencia a las pegas que les presentan algunos responsables autonómicos. Los editores aseguran que en algunos casos son "raras, tendenciosas y surrealistas". El objetivo que, según las editoriales, persiguen algunas comunidades es que se realicen ediciones exclusivas para ellos, con la exigencia de añadir localismos excesivos y de incluir siempre ejemplos referidos a datos o zonas geográficas de la comunidad.

Las editoriales argumentan también que los retoques que exigen los responsables autonómicos les obligan a realizar multiediciones, lo que se traduce en un encarecimiento del 10% al 15% en el precio final. La multitud de ediciones también ha provocado que se hayan tenido que reducir las tiradas en un 87% en los últimos años, con lo que ha descendido la edición media de 30.000 ejemplares, en 1992, a 4.000, en 1998.

Con la desaparición de los controles en Andalucía, la Consejería impone a las editoriales otra obligación: vender por separado el libro de texto y los cuadernillos de trabajo en los que los alumnos escriben. Así, las familias sólo tendrán que comprar los cuadernillos nuevos.

¿Cómo se garantiza que los libros que se publiquen sean adecuados si no hay una supervisión previa? El consejero respondió de esta manera: "El libro será correcto por el mero hecho de presentarse en el registro de la Consejería. No hay presunción de culpabilidad. Los textos tienen sus propios autores, y éstos, libertad de creación".

Pezzi considera que la mejor garantía de que los textos sean correctos es que los revisen los profesores de cada materia "y no el aparato administrativo".

El decreto señala que será el consejo escolar de cada centro el encargado de controlar y elegir los libros. Los colegios tendrán un libro donde se registren las publicaciones y su fecha de edición para que sepan los años que llevan en el mercado y los que podrán seguir utilizándolos.

Además, una comisión de expertos evaluará a posteriori las distintas publicaciones y alertará a la Administración si encontrara algún error. Las editoriales serían informadas a su vez para que lo corrigieran. La Consejería acudiría a los tribunales si el fallo detectado constituyera algún delito o atentara contra los valores fundamentales.

Las primeras felicitaciones llegaron ayer a la comunidad autónoma procedentes de las empresas editoriales. Mauricio Santos, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), valoró la "decisión valiente" de la Consejería de Educación y alabó que se reconozca "la posición capital del profesorado a la hora de decidir y valorar los textos".

Santos mostró su alegría por que se haya suprimido la supervisión previa y consideró justo que se establezcan controles "con toda la dureza que sea necesaria" a posteriori. En cuanto a la vigencia de los libros en el mercado, el presidente de los editores dijo que las empresas no son siempre las responsables de que los libros sufran modificaciones, pero aseguró que, con la libertad de edición, seguirán "respetando las diferencias socioculturales y las peculiaridades de los currículos de cada comunidad".