Los nuevos conciertos educativos se someterán al control de la consejería y el ministerio de Hacienda

Los centros educativos privados que deseen entrar en régimen de concierto, y los que ya lo están en la actualidad, estarán sometidos a partir del próximo curso a los controles de los interventores de la Consejería de Hacienda y de la Inspección Tributaria del ministerio. Este endurecimiento del control tributario y fiscal forma parte de los cambios que prepara el Consell a la orden elaborada por el PP el 23 de diciembre de 1996, siete meses después de entrar en vigor el texto refundido de la Ley de Hacienda, que omitió medidas para garantizar que los beneficiarios acreditararan estar al corrie...

Los centros educativos privados que deseen entrar en régimen de concierto, y los que ya lo están en la actualidad, estarán sometidos a partir del próximo curso a los controles de los interventores de la Consejería de Hacienda y de la Inspección Tributaria del ministerio. Este endurecimiento del control tributario y fiscal forma parte de los cambios que prepara el Consell a la orden elaborada por el PP el 23 de diciembre de 1996, siete meses después de entrar en vigor el texto refundido de la Ley de Hacienda, que omitió medidas para garantizar que los beneficiarios acreditararan estar al corriente de las obligaciones fiscales.

"Con objeto de garantizar un tratamiento unívoco y claro del conjunto de beneficiarios de fondos públicos a cargo de los Presupuestos de la Consejería de Educación, Cultura y Ciencia", la Administración ha elaborado un proyecto que modifica el apartado 26 de la orden de conciertos elaborada en 1996, que todavía tiene una vigencia de cuatro años, hasta el curso 2000-2001. El cambio propuesto en el borrador de proyecto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, resuelve que para cualquier expediente de incorporación al régimen de conciertos, incluidas las prórrogas, renovaciones o modificaciones, "deberán acreditar con carácter previo a la firma del correspondiente documento de la Consejería de Educación que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social". Las obligaciones y la forma en que tendrán que acreditarse son las reguladas por los artículos 7, 8 y 9 del real decreto 390/1996 del 1 de marzo. Al mismo tiempo, el proyecto puntualiza que "los centros concertados quedarán sujetos al control de carácter financiero que tiene atribuída la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda y a la Inspección Financiera y Tributaria del Ministerio de Hacienda".

Fuentes de la Administración valenciana reconocen que cuando se redactó la orden de conciertos se obvió incorporar de manera explícita "el precepto establecido en el artículo 47.7 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública, por la cual los beneficiarios de subvenciones a cargo de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana están obligados a acreditar que están al corriente de sus obligaciones tributarias y fiscales".

Dos órdenes y un fraude

La orden de conciertos y la orden de la Consejería de Hacienda, ambas de 1996, no han sido suficientes para evitar casos como el de uno de los polémicos diez colegios de élite y vinculados al Opus Dei, destapado en octubre. El blindaje de la orden de conciertos y el endurecimiento de las medidas de control tributario y fiscal se produce meses después de que este periódico publicara que la Tesorería de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, ordenó a la Consejería de Educación el embargo de la subvención de 64 millones aprobada en agosto pasado para el colegio de élite de Riba-roja María de Icíar, por un delito de fraude tributario con la Seguridad Social que en estos momentos alcanza ya los 168 millones, según fuentes de Tesorería.

El escándalo provocó la petición de una comparecencia en las Cortes del consejero Manuel Tarancón y puso en jaque todo el proceso de diez nuevos conciertos con colegios de élite y del Opus Dei, dos de los cuales [Vedat y Guadalaviar] están siendo investigados por haber cobrado matrícula y mensualidades de 20.000 pesetas, pese a haber sido concertados. El paquete de nuevos conciertos concedidos para dos cursos costará a la Generalitat 690 millones por cuatrimestre (lo que supone a las arcas públicas 4.000 millones en dos años).

Tarancón respondió a las severas críticas desde los sindicatos de CC OO, UGT y STEPV y de la oposición de Esquerra Unida y del PSPV, afirmando en octubre que los problemas fiscales detectados son "una herencia de los gobiernos socialistas". El consejero adelantó que el Gobierno del PP pondría fin a esta situación endureciendo los controles que, sin embargo, la orden de la Consejería de Hacienda del 30 de mayo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública, ya contemplaba. El presidente Eduardo Zaplana, ante las presiones de su propio entorno político de dimisión del consejero para limpiar la imagen de su gabinete, respondió que, pese a los problemas suscitados con los nuevos conciertos, respaldaba a "todo su gobierno" y se alineó con su consejero asegurando que en el fraude del María de Icíar habían pesado "las inercias administrativas de muchos años".

La Administración valenciana se propone evitar ahora hechos como el del María Icíar y a la vez extremar la aprobación de conciertos, precisa la Dirección General de Centros, al ser consultada al respecto. La directora general, Concha Gómez, confirmó ayer que el proyecto de reforma está en marcha y precisó, además, que la Administración "será escrupulosa en el próximo proceso de matriculación" para evitar posibles quejas en la admisión de alumnos de cualquier extracción social y económica en los centros privados-concertados, a fin de garantizar la escolarización sin discriminaciones y gratuita en los colegios subvencionados.