El comité de Babcock Wilcox pide responsabilidades a los gobiernos central y vasco

Los representantes del comité de empresa de Babcock Wilcox exigieron ayer a los gobiernos vasco y central, al principal accionista de la compañía -la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi)- y al Partido Popular, que asuman su parte de responsabilidad en la situación de "progresivo deterioro" que, a su juicio, atraviesa la sociedad. El comité de empresa de la firma vizcaína de bienes de equipo anunció la puesta en marcha de un calendario de movilizaciones ante la falta de compromisos cuando hace ya más de dos años que se inició un proceso de privatización en el que no se han ...

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Los representantes del comité de empresa de Babcock Wilcox exigieron ayer a los gobiernos vasco y central, al principal accionista de la compañía -la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi)- y al Partido Popular, que asuman su parte de responsabilidad en la situación de "progresivo deterioro" que, a su juicio, atraviesa la sociedad. El comité de empresa de la firma vizcaína de bienes de equipo anunció la puesta en marcha de un calendario de movilizaciones ante la falta de compromisos cuando hace ya más de dos años que se inició un proceso de privatización en el que no se han producido todavía acuerdos concretos. Los representantes de los trabajadores denunciaron la falta de información que tienen sobre la marcha de este proceso y reiteraron que no están dispuestos a aceptar un acuerdo de privatización sin un plan industrial sólido y un compromiso de mantenimiento del empleo.

Recordaron que la parte social ha venido asumiendo en los últimos años diversos compromisos como la reducción de plantilla en cerca de un millar de personas y la congelación salarial para los demás, por lo que afirmaron que quien no ha cumplido su parte ha sido la dirección de la sociedad. Según señalaron, en este momento, el valor de la cartera de pedidos pendiente de entrega de Babcock Wilcox se sitúa en torno a los 33.000 millones de pesetas (198,3 millones de euros).

Ésto, a juicio del comité, obliga a una infrautilización de las capacidades de producción de la sociedad, por lo que reclamaron tanto a la dirección de la firma como a las instituciones públicas que hagan un esfuerzo para que la empresas reciba nuevos encargos.

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