Traslado forzoso

La Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales, creada a mediados de los años ochenta, tenía como objetivo la elaboración de informes sobre los diferentes sectores de actividad, a fin de establecer pautas sobre las principales variables económicas con las que realizar las inspecciones.Asimismo, se le encomendaban los análisis de todas las operaciones de fusión y concentración empresarial, también con la intención de analizar sus consecuencias fiscales. Aunque su disolución formal se produjo el mes de abril pasado, la sentencia de muerte se firmó en octubre del pasado año, cuando Hacienda deci...

La Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales, creada a mediados de los años ochenta, tenía como objetivo la elaboración de informes sobre los diferentes sectores de actividad, a fin de establecer pautas sobre las principales variables económicas con las que realizar las inspecciones.Asimismo, se le encomendaban los análisis de todas las operaciones de fusión y concentración empresarial, también con la intención de analizar sus consecuencias fiscales. Aunque su disolución formal se produjo el mes de abril pasado, la sentencia de muerte se firmó en octubre del pasado año, cuando Hacienda decidió que la nueva Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) asumiera sus funciones.Una parte de los miembros de esa Unidad se integró en la nueva ONIF, pero, según las fuentes consultadas, algunos de ellos, considerados sospechosos, cambiaron de destino. En esta situación se encontraron inspectores como José María Sánchez Cortés y Mariano Navarro-Rubio. Este último está actualmente suspendido de sus funciones por la Agencia Tributaria.

Esta decisión fue adoptada el pasado 2 de julio, después de que la Agencia recibiera un informe de la juez titular del Juzgado número 38 de Madrid en el que se imputaba a Navarro-Rubio los supuestos delitos de revelación de secreto, amenazas y extorsión.

Estos delitos se habrían cometido en relación con un dossier de la Unidad de estudios Sectoriales sobre el empresario Juan Abelló. La extorsión consistió en exigir al empresario 20 millones de pesetas a cambio de no divulgar el contenido del informe.

Navarro-Rubio accedió a su puesto en la Unidad de Estudios al cubrir una vacante. Sin embargo, al poco tiempo la Agencia, por su propia cuenta, comenzó a investigar sus actividades al existir sospechas de que realiza prácticas incompatibles con su cargo.