El Ministerio de Justicia acepta que el alta psiquiátrica la decida el médico, y no el juez

Los jueces sólo autorizarán el internamiento psiquiátrico, pero no el alta de los enfermos mentales, que será decidida por los médicos, a pesar de que el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, que se tramita en el Parlamento, atribuía al poder judicial la competencia sobre la salida de estos enfermos de los centros de internamiento. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, promotora de tal ley, ha asumido cambiarla mediante tres enmiendas de la oposición. Las quejas de los colectivos de enfermos mentales y de algunas asociaciones de juristas están detrás del cambio.

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Los jueces sólo autorizarán el internamiento psiquiátrico, pero no el alta de los enfermos mentales, que será decidida por los médicos, a pesar de que el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, que se tramita en el Parlamento, atribuía al poder judicial la competencia sobre la salida de estos enfermos de los centros de internamiento. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, promotora de tal ley, ha asumido cambiarla mediante tres enmiendas de la oposición. Las quejas de los colectivos de enfermos mentales y de algunas asociaciones de juristas están detrás del cambio.

En la actualidad existe cierta ambigüedad, ya que el artículo 211 del Código Civil, además de la autorización judicial para el internamiento psiquiátrico, exige un control judicial sobre "la continuación o no del internamiento", pero nada dice sobre el alta del enfermo internado, por lo que la aplicación del precepto es desigual.Para resolver tal ambigüedad, el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil establece, respecto a los afectados por trastornos psiquiátricos, que "cuando los facultativos que atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, lo comunicarán inmediatamente al tribunal, para que resuelva lo procedente".

La Federación Andaluza de Allegados de Esquizofrénicos (Fanaes) mostró su preocupación por este precepto a la senadora socialista Ana Arnáiz, por considerarlo "una injustificable medida restrictiva que intenta suplir la falta de dispositivos asistenciales alternativos por medidas jurídicas". La Fanaes calificaba la medida de "un paso atrás" en la integración y normalización de estos enfermos. Argumentaba que "si el alta de un enfermo mental debe ser dada por un juez y no por criterio médico, nuestros pacientes vuelven a ser tratados como delincuentes". La Fanaes consideraba que el precepto que criticaban era fruto de un error subsanable y anunciaba que, en caso de que las gestiones de la senadora no dieran resultado, se movilizarían a nivel nacional, desde la Confederación Nacional de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales y mediante la protesta de los profesionales de la salud mental.

Una de estas últimas organizaciones, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, también se manifestó contra el precepto proyectado. Manifestaba que el internamiento en centro psiquiátrico, por constituir una privación de libertad, exige la presencia y la autorización del juez, pero "cesado, compensado, aliviado o resuelto el trastorno es el alta médica la que reintegra el derecho a su titular, sin que deba ser cuestionada por el juez", subrayaba, "quien, no obstante, sí debe ser informado una vez producida el alta". El Grupo Socialista del Congreso enmendó el texto gubernamental en el sentido indicado y propuso sustituirlo por el siguiente: "[...] Cuando los facultativos que atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo, poniéndolo en conocimiento del órgano judicial correspondiente".

Los socialistas justificaban su enmienda en que el precepto significa "una grave intromisión en el ámbito terapéutico e introduciría la posibilidad nada desdeñable de que se hagan renacer los manicomios". Por su parte, con similares criterios, CiU proponía suprimir el precepto, e IU, eliminar la parte relativa a que resuelva el juez, para evitar que éste "suplantara al psiquiatra y a su criterio clínico, reteniéndose a personas como internados en centros sanitarios con criterios ajenos a los sanitarios".

La senadora Arnáiz planteó el problema a la ministra de Justicia y el pasado 30 de abril, un asesor de Mariscal de Gante le manifestó por escrito la voluntad de Justicia de "apoyar las enmiendas tendentes a modificar el inciso final del artículo 765 del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil". El mismo asesor se dirigió a Fanaes para manifestarle su "opinión favorable a que se introduzcan dichas enmiendas y se solvente así el problema suscitado por la redacción actual del texto", según la misiva.