Mucha tela
LA DIMISIÓN del presidente del Fondo de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, cuyos familiares -tres hijos y una cuñada- eran perceptores de cuantiosas subvenciones para el cultivo del lino y el cáñamo procedentes de la Unión Europea, es una respuesta política respetable, incluso aunque el motivo de la dimisión sea tan visceral como rechazar los ataques políticos sobre su persona, o tan pragmático como el de cauterizar las amenazas de una investigación más a fondo de los negocios montados sobre las subvenciones públicas. López de Coca no es el único sobre el que recaen sospechas de h...
LA DIMISIÓN del presidente del Fondo de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, cuyos familiares -tres hijos y una cuñada- eran perceptores de cuantiosas subvenciones para el cultivo del lino y el cáñamo procedentes de la Unión Europea, es una respuesta política respetable, incluso aunque el motivo de la dimisión sea tan visceral como rechazar los ataques políticos sobre su persona, o tan pragmático como el de cauterizar las amenazas de una investigación más a fondo de los negocios montados sobre las subvenciones públicas. López de Coca no es el único sobre el que recaen sospechas de haberse lucrado privilegiadamente de los fondos públicos; también lo fue esta misma semana el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro, quien, por el momento, se mantiene en su cargo. La determinación de posibles irregularidades en la concesión de ayudas públicas, tales como favoritismo, uso abusivo o discrecional de la facultad de decisión y posible utilización fraudulenta de información privilegiada, es algo que deberá determinar una investigación de tales actividades. Es obligado que esta investigación se realice con plenas garantías y corresponde a la Junta de Castilla-La Mancha realizarla. Dice la ministra de Agricultura, Loyola del Palacio, que es "materialmente imposible" la información privilegiada en esta materia. Quizá sí. Pero los ciudadanos agradecerán más que la ministra pueda mantener su afirmación después de una investigación rigurosa e imparcial. Asegura Carlos Moro que las subvenciones son totalmente legales; no tendrá, pues, inconveniente en que investigadores imparciales respalden su confianza. Con la presunción de inocencia legal por delante, parece en principio claro que no resulta muy ético ni medianamente estético que un delegado del Gobierno y los familiares próximos del principal responsable del FEGA acumulen hectáreas de cultivos subvencionados con dinero público. Tanto Moro como López de Coca se han olvidado en este caso de la elegancia. Como mínimo.
La dimisión del presidente del FEGA no debe ser un pretexto para cancelar la investigación sobre el uso de las subvenciones públicas al lino y al cáñamo en España. Existen evidencias indirectas de que redes de cazaprimas utilizan de manera abusiva el dinero público procedente de la UE. Que en los últimos años la superficie de cultivo se haya multiplicado por 30 y que existan concentraciones de cultivo en pocas manos pueden ser indicios de que las subvenciones se están explotando como un negocio organizado al margen de los criterios de cultivo; hay más tela de la que se conoce públicamente. Son razones más que suficientes para exigir que se complete la inspección sobre Moro y López de Coca y, además, se investigue cuidadosamente el destino de todas las ayudas públicas dedicadas a este tipo de cultivos. Si no se agota la ejemplaridad que se deriva de este episodio, quedará en una simple escaramuza política, con un dimitido, otro que se escuda en la legalidad y sin trascendencia para los agricultores ni para el resto de los ciudadanos.