La realidad inventada
La comparecencia del secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, ante la Comisión de Economía del Congreso para dar cuenta de las reformas estructurales aplicadas por el Gobierno de Aznar no ha despejado las dudas sobre la disposición gubernamental para liberalizar los mercados; por el contrario, las ha agravado. La realidad que describió ayer el secretario de Estado y la que vive la economía española en nada se parecen. Para Montoro, las reformas estructurales aplicadas han hecho a nuestra economía "más libre, más flexible y más abierta, con mayor capacidad para satisfacer la demanda...
La comparecencia del secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, ante la Comisión de Economía del Congreso para dar cuenta de las reformas estructurales aplicadas por el Gobierno de Aznar no ha despejado las dudas sobre la disposición gubernamental para liberalizar los mercados; por el contrario, las ha agravado. La realidad que describió ayer el secretario de Estado y la que vive la economía española en nada se parecen. Para Montoro, las reformas estructurales aplicadas han hecho a nuestra economía "más libre, más flexible y más abierta, con mayor capacidad para satisfacer la demanda de la sociedad española". Pero lo que se advierte es que mercados de gran importancia para el país y para los consumidores están crecientemente controlados por una o dos grandes empresas, que limitan la competencia y el abaratamiento de los precios.La presentación del informe oficial sobre las Reformas de los Mercados de Bienes y Servicios y de Capitales en España fue un enunciado triunfalista más del departamento de Economía, con medidas en exceso imprecisas, como el supuesto refuerzo de los órganos de defensa de la competencia, claramente voluntaristas en unos casos -la rebaja entre el 25% y el 40% de los peajes de acceso al transporte eléctrico que supuestamente producirá la liberalización- o sin fecha, como la adjudicación de nuevas licencias de telefonía fija y móvil. Tales medidas deben tomarse, además de otras, pero con calendarios precisos, regulaciones detalladas de condiciones y negociaciones duras y abiertas con los agentes económicos. De lo contrario, carecen de valor político. Los hechos muestran que con frecuencia el Gobierno llama reformas estructurales a cambios nominales que no han reducido significativamente los costes por falta de competencia real. Para demostrar el fracaso de algunas de estas modificaciones epidérmicas basta con mencionar la persistencia de altas tasas de inflación en el sector de servicios.
La complacencia del Gobierno con sus ensoñaciones de liberalización contrasta con la situación real de mercados internos estratégicos, en los que se está produciendo una concentración de poder y una pérdida de competencia digna de reflexión. El sector petrolero aparece dominado por dos grandes empresas, Cepsa y Repsol, y no se detecta en él una carrera a la baja en los precios que pueda favorecer al consumidor. Iberdola y Endesa reproducen la misma situación en el sector eléctrico, con el agravante de que los pactos sobre la Ley Eléctrica limitan al 2,5% una rebaja de tarifas que podría llegar al 8%, a juicio de la Comisión Eléctrica. En las telecomunicaciones, Telefónica sigue imponiendo una política de tarifas que incluso a Fomento parece abusiva y que ya le ha costado dos sanciones del Tribunal de la Competencia, que suman más de mil millones de pesetas, por abuso de posición dominante.
Montoro despachó ayer las acusaciones de concentración de poder económico en España como un proceso "ineludible". Sin duda, soplan vientos de concentración en todo el mundo y en casi todos los sectores estratégicos, pero los ciudadanos esperan del Gobierno que defienda las reglas de la competencia y que no se limite a observar el paisaje. No parece "ineludible" que un par de grandes compañías, herederas de aún recientes monopolios públicos y que nutren todavía el grueso de su facturación con tarifas reguladas por el Gobierno, ocupen materialmente otros mercados.
Para evitar este desorden estratégico bastaría que el Gobierno recuperase el papel de regulador neutral que le corresponde como representante del Estado. Defender la iniciativa privada no significa que el Gobierno se cruce de brazos una vez que ha colocado a su gente al mando de las grandes empresas que el Estado ha privatizado. Cuanto más abierta es una economía, más reglas de juego aceptadas por la sociedad se necesitan para evitar abusos de poder, colusiones de intereses o actuaciones monopolísticas.
El Gobierno de Aznar debe apearse del tiunfalismo en que parece instalado permanentemente y tomar conciencia de lo urgentes que empiezan a resultar medidas de auténtica liberalización -farmacias, colegios profesionales, vivienda, comunicaciones, servicios jurídicos, energía- para facilitar la integración de la economía española en el euro mediante precios competitivos para las empresas. Nada de eso apareció ayer en el Congreso. El problema político es que el Ejecutivo sólo acepta la realidad que él mismo enuncia en documentos para consumo de partidarios y concelebrantes, y el económico es que, a pesar del ajuste macroeconómico, España sigue teniendo una tasa de paro elevada y que su renta está todavía en el 76% de la media europea. La imagen de una economía abierta que dibujó Montoro está todavía muy lejos de la realidad.