FAMP, Diputación sevillana y sindicatos piden un PER especial por el vertido tóxico
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Diputación de Sevilla y sindicatos mayoritarios reclamaron ayer al Gobierno central un Plan de Empleo Rural (PER) extraordinario para hacer frente a las consecuencias del vertido tóxico de las minas de Aználcollar. Aseguran que más de 50.000 peonadasse perderán por la falta de trabajo agrícolas en las 4.500 hectáreas afectadas por los lodos tóxicos. Los alcaldes de los pueblos afectados amenazan con movilizarse si no llegan ayudas. El representante de la Diputación de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos tiene previsto reunirse la ...
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Diputación de Sevilla y sindicatos mayoritarios reclamaron ayer al Gobierno central un Plan de Empleo Rural (PER) extraordinario para hacer frente a las consecuencias del vertido tóxico de las minas de Aználcollar. Aseguran que más de 50.000 peonadasse perderán por la falta de trabajo agrícolas en las 4.500 hectáreas afectadas por los lodos tóxicos. Los alcaldes de los pueblos afectados amenazan con movilizarse si no llegan ayudas. El representante de la Diputación de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos tiene previsto reunirse la próxima semana con los alcaldes de los municipios afectados para elaborar un plan conjunto de presión. Rodríguez Villalobos aseguró: "Los alcaldes saben perfectamente que o ponen un PER extraordinario o tienen que pegarle un bocado al PER ordinario". El representante de la Diputación cree que Sevilla sufrirá un importante recorte en los fondos aprobados para el PER ordinario. Según la Corporación provincial, Sevilla sólo logrará hacerse con 4.113 millones de pesetas de los los 17.129 millones destinados a Andalucía. Por el contrario, Juan Aguilar, de la Federación de la Tierra de UGT consideró al no haberse procedido al reparto de fondos, difícilmente puede conocerse la partida correspondiente a la provincia sevillana. Antes, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y los sindicatos tienen que acordar los criterios que deberán primar a la hora de distribuir los fondos. El número de subsidiados, la tasa de desempleados, y los criterios históricos de cada una de las ocho provincias andaluzas determinarán el reparto.