Aumentan las reclamaciones por los errores de la justicia y baja el pago de indemnizaciones

, Las reclamaciones por error judicial o anormal funcionamiento de la justicia han aumentado en los últimos años, mientras que la estimación de las mismas por parte del Ministerio de Justicia ha ido descendiendo. Si en 1995, con un volumen de 356 quejas, se abonaron 95,4 millones, en 1997, año en que las reclamaciones aumentaron hasta 385, el importe indemnizado por Justicia bajó a 8,5 millones. Frente a la progresiva tacañería de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue aumentando los informes favorables a las reclamaciones, y de 45 en 1995 ha pasado a 157 en 1998.

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, Las reclamaciones por error judicial o anormal funcionamiento de la justicia han aumentado en los últimos años, mientras que la estimación de las mismas por parte del Ministerio de Justicia ha ido descendiendo. Si en 1995, con un volumen de 356 quejas, se abonaron 95,4 millones, en 1997, año en que las reclamaciones aumentaron hasta 385, el importe indemnizado por Justicia bajó a 8,5 millones. Frente a la progresiva tacañería de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue aumentando los informes favorables a las reclamaciones, y de 45 en 1995 ha pasado a 157 en 1998.

Los ciudadanos que acuden a los órganos judiciales en demanda de justicia obtienen, con frecuencia, resoluciones con muchos años de retraso, así como pérdidas de objetos en los juzgados, importes depositados que no se les devuelven, permanencia en prisión sin tener relación con el delito o confusiones en la identidad de las personas, con grave perjuicio para los afectados.En previsión de estas situaciones, el artículo 121 de la Constitución previó hace 20 años que "los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley". La regulación legal de este derecho se hizo en 1985, pero la práctica ciudadana de acudir a esta solución escoba, cuando ya han fracasado todos los intentos de obtener justicia, no se utilizó de modo significativa hasta los años noventa.

En los cinco primeros años de la década de los noventa, se produjeron 1.038 reclamaciones, de las que Justicia estimó 148, que dieron lugar a un total superior a los 174 millones de pesetas en indemnizaciones a los afectados.

Tacañería

El Ministerio de Justicia actuó siempre con tacañería, tanto en la estimación de las reclamaciones como en la fijación final del importe de las indemnizaciones. Pero en los últimos tiempos, desde que el PP está en el Gobierno y Margarita Mariscal de Gante en el Ministerio de Justicia, la tacañería y el criterio restrictivo respecto a estos expedientes ha llegado al máximo nivel.Según datos oficiales de Justicia, en 1995 (todavía durante el mandato socialista) se produjeron 356 reclamaciones, de las que se estimaron 86 y las indemnizaciones superaron los 95,4 millones de pesetas, mientras que al año siguiente (ya con el PP en el Gobierno), el aumento de las reclamaciones -370- se correspondió con la reducción de las resoluciones estimatorias -33- y el de las indemnizaciones abonadas: 41,7 millones de pesetas.

La línea de tacañería progresiva se intensificó en 1997, año en el que aumentaron aún más las reclamaciones -385- y se redujeron todavía más las resoluciones estimatorias -sólo 5- y el importe total indemnizado: 8,5 millones de pesetas.El grueso de las partidas presupuestadas para atender estos gastos fue devuelto al Tesoro, mientras infinidad de ciudadanos se quedaban compuestos y sin indemnización.

Durante los primeros tiempos de existencia de los expedientes por anormal funcionamiento judicial, los sucesivos ministros de Justicia socialistas (Fernando Ledesma, Enrique Múgica y Tomás de la Quadra-Salcedo) recabaron informes del Consejo de Estado que, por lo general, avaló el restrictivo criterio ministerial.

Sin embargo, desde que se institucionalizaron los informes del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces que en 1986 y 1992 fijó los criterios para evaluar la existencia o no de anormal funcionamiento judicial, el Ministerio de Justicia contó con unos criterios especialmente cualificados para resolver los expedientes. Y a raíz de estos informes del CGPJ se produjo un sustantivo aumento de las reclamaciones estimadas y de las indemnizaciones abonadas, ya con Juan Alberto Belloch al frente del departamento.

La llegada de Mariscal de Gante a Justicia frenó la tendencia y volvió al inicial criterio restrictivo, fundamentado, según fuentes de Justicia, en la utilización excesiva, por parte de los ciudadanos, de esta vía de resarcimiento económico por la ineficacia judicial. Por el contrario, fuentes del último equipo de Justicia de la etapa socialista aseguraron que "los expedientes se acumulan en la mesa de la ministra y se devuelven al Tesoro las partidas presupuestadas".

Los datos oficiales facilitados por el actual Ministerio de Justicia (véase el cuadro adjunto) ratifican esta tendencia, al mismo tiempo que los informes emitidos por el CGPJ muestran un incremento sostenido de los casos en que se produjo anormal funcionamiento judicial. Si en 1995 los informes afirmativos fueron 45, en 1996 aumentaron a 47, en 1997 a 62 y los datos disponibles de 1998, antes de que concluya el año, casi triplican los del año anterior, ya que suponen, según fuentes del CGPJ, 157 reclamaciones en las que el órgano de los jueces aprecia que sí hay anormal funcionamiento judicial.

Retrasos

El mayor volumen se refiere a retrasos. Un reciente informe del CGPJ, del que fue ponente la vocal Ángeles Huet, estima que constituyó anormal funcionamiento judicial que un pleito civil iniciado en 1977 en un juzgado de Marbella (Málaga) no se resolviera mediante sentencia hasta 1995, casi 18 años después.Entre los numerosos informes restantes que constatan retrasos, destaca otro, del que es ponente el vocal Ramón Sáez. El CGPJ estima que hubo anormal funcionamiento judicial por los dos años y 10 meses -entre febrero de 1991 y diciembre de 1993- que la Sala Tercera del Tribunal Supremo tardó en resolver un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos del Consejo de Ministros en un asunto urbanístico de Cultura.