Isabel Tocino reaviva el debate con la Junta al negarle competencias para legislar sobre Doñana
El Gobierno andaluz frenó ayer en seco la aprobación del anteproyecto de ley para unificar la gestión de los Parques, Nacional y Natural, de Doñana, a pesar de haber sido anunciada. Este inesperado cambio de parecer, sin embargo, no evitó que la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, recordase que la Junta carece de competencias para legislar sobre el Parque Nacional. La reunión del Patronato de Doñana escenificó ayer las discrepancias existentes entre la titular de Medio Ambiente y la Estación Biológica de Doñana. La incidencia de la tuberculosis sobre la fauna es el último episodio.
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El Gobierno andaluz frenó ayer en seco la aprobación del anteproyecto de ley para unificar la gestión de los Parques, Nacional y Natural, de Doñana, a pesar de haber sido anunciada. Este inesperado cambio de parecer, sin embargo, no evitó que la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, recordase que la Junta carece de competencias para legislar sobre el Parque Nacional. La reunión del Patronato de Doñana escenificó ayer las discrepancias existentes entre la titular de Medio Ambiente y la Estación Biológica de Doñana. La incidencia de la tuberculosis sobre la fauna es el último episodio.
El anteproyecto de la ley de Doñana esperará a otro Consejo de Gobierno para recibir luz verde. Su exclusión fue justificada por la ministra Isabel Tocino como un aval a su propia interpretación de la distribución competencial. "Quizá sabían que no tenía sentido ponerse a legislar sobre una materia en la que no son competentes", dijo. La titular de Medio Ambiente, que presidió ayer el pleno del Patronato de Doñana, sostiene que el Gobierno andaluz carece de competencias para "legislar" sobre el Parque Nacional, una función que, a su juicio, descansa exclusivamente en las Cortes Generales. Justo ayer, además, el Patronato asumió la nueva fórmula de cogestión de la Junta y el Gobierno sobre el espacio protegido, implantada a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional. Isabel Tocino se escudó en este fallo para recalcar que "ningún órgano de rango inferior puede modificarla". De entrada, hasta el nombre del anteproyecto -ley de Doñana- mereció la reprobación de la ministra: "Ya hay una desde 1985". La lectura del Gobierno andaluz es bien diferente. La iniciativa legal para unificar la gestión del espacio como un todo, sin diferenciar entre las distintas figuras de protección ambiental, se sustenta, según el portavoz del Gobierno, Rafael Camacho, en un informe favorable del Consejo Consultivo y en una sentencia del Tribunal Constitucional, que atribuye la gestión a las Comunidades Autónomas. Camacho aseguró que el anteproyecto no fue incluido en el Consejo de Gobierno porque prosiguen las consultas con instituciones y colectivos. La Junta, además, está pendiente de la autorización del endeudamiento para 1999 por parte del Gobierno central. La aprobación de este anteproyecto significaría abrir otro frente con la Administración estatal. Las discrepancias de Isabel Tocino, sin embargo, no se limitan a sus adversarios políticos. La reunión del Patronato evidenció las profundas disensiones existentes entre el Ministerio y la Estación Biológica para diagnosticar la situación de la fauna de Doñana y el efecto de la tuberculosis sobre ella. La ministra esgrimió un informe para rebajar el alcance de la enfermedad y tachar de "errores" las informaciones que alertaban sobre una "contaminación masiva". "Los datos no son opinables. A partir de aquí ya se actuaría con mala fe", agregó. El estudio que utilizó la ministra para minimizar el impacto de la tuberculosis muestra un repunte de la afección en los jabalíes este año -supera el 70%- y confirma el constante crecimiento en gamos y ciervos, entre los que la incidencia ronda el 40%. Sobre los linces ibéricos, el informe reconoce un caso reciente. El director de la Estación Biológica de Doñana, Miguel Ferrer, cree, por el contrario, que la tuberculosis entraña un "peligro grave" para los 45 linces del espacio. Su escasa resistencia a la enfermedad obliga, en su opinión, a una intervención "rápida", como la diseñada en un proyecto presentado al Ministerio de Medio Ambiente, que costaría unos 55 millones de pesetas.
Investigación de la Fiscalía
El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado los trámites para expedientar a tres investigadores, que capturaron y trasladaron a un lince enfermo desde el Parque Nacional de Doñana hasta un centro de recuperación de Córdoba, porque podría vulnerar la Ley de Conservación de Espacios Naturales. El proceso administrativo está supeditado, sin embargo, a la decisión de la Fiscalía de Huelva, que estudia el informe remitido por la Guardia Civil. Las diligencias policiales apuntan hacia la posible comisión de dos delitos por los tres investigadores: la captura de una especie en peligro de extinción e intrusismo profesional por la manipulación de materiales sin estar autorizados para ello. El director de la Estación Biológica de Doñana, Miguel Ferrer, mostró su extrañeza por la decisión adoptada por el Ministerio. Los tres investigadores habían sido amonestados por Ferrer por demorar 14 horas el aviso a la dirección del Parque Nacional de lo ocurrido: "No sé que otras irregularidades han podido cometer". El lince Rómulo falleció durante el traslado a Córdoba debido, según los científicos, a la tuberculosis. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel, lo achacó a un "shock" de anestesia.
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