De la prudencia y de la justiciaJOSEP RAMONEDA

El Día de Todos los Santos, Juan José López Burniol publicaba en La Vanguardia un artículo titulado Justicia y prudencia. Con el rigor lógico y la claridad expositiva que caracterizan una cabeza tan bien amueblada como la suya, López Burniol construía el mejor texto que he leído de entre los que defienden la inoportunidad de los procedimientos judiciales contra Pinochet. López Burniol defendía el reiterado argumento del "efecto perverso" (las consecuencias negativas, no deseadas, que para la precaria democracia chilena pudiera tener un exceso de celo justiciero) fundamentándolo en que "la virt...

El Día de Todos los Santos, Juan José López Burniol publicaba en La Vanguardia un artículo titulado Justicia y prudencia. Con el rigor lógico y la claridad expositiva que caracterizan una cabeza tan bien amueblada como la suya, López Burniol construía el mejor texto que he leído de entre los que defienden la inoportunidad de los procedimientos judiciales contra Pinochet. López Burniol defendía el reiterado argumento del "efecto perverso" (las consecuencias negativas, no deseadas, que para la precaria democracia chilena pudiera tener un exceso de celo justiciero) fundamentándolo en que "la virtud jurídica por excelencia no es la justicia, sino la prudencia". Mi opinión contraria al argumento del "efecto perverso" ya la expliqué en un artículo anterior, pero la idea de justicia que desarrolla López Burniol me ha producido cierta perplejidad y quiero expresar mi discrepancia. Porque me parece problemático que la "virtud entera" (como llama Aristóteles a la justicia) deba supeditarse a una virtud instrumental como la prudencia. La prudencia es un arte de la vida, la sabiduría necesaria para transitar entre los hombres, la capacidad (siguiendo al propio Aristóteles) "de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y lo que es conveniente para sí mismo". Una capacidad que puede ser útil a la justicia, como a cualquier otra actividad humana, pero que poco tiene que ver con la equidad, que es el valor de referencia de la acción judicial. Un tirano como Pinochet puede perfectamente actuar con prudencia en el ejercicio de su poder: no por ello su actuación dejará de ser injusta. Todo acto de justicia tiene un contexto y no afecta a entes abstractos sino a personas que, como tales, poseen un rostro, una memoria, una biografía y un mundo de relación. Todo tribunal se mueve entre una triple exigencia: aplicar la ley teniendo en cuenta el principio de equidad que funda su acción en el marco de una sociedad concreta. Es un equilibrio muy delicado para el cual es tan desaconsejable el dogmatismo de los principios como la demagogia del sentir ciudadano. Pero en cualquier caso lo que se debe evitar es la confusión de planos. Y cuando López Burniol escribe que "la rígida exigencia de responsabilidades individuales, por graves que sean, deviene injusta si atenta contra la conveniencia -los intereses generales- de la sociedad en cuyo seno se pretende restablecer el orden judicial vulnerado", está sometiendo la justicia a la razón de Estado, que es un criterio político. Una exigencia de responsabilidades correctamente establecida desde el punto de vista jurídico puede ser inoportuna (y puede llegar a ser imprudente por los efectos que pueda producir), pero no por ello dejará de ser justa. Yo también, como Albert Camus, si tuviera que escoger entre la justicia y mi madre, escogería a mi madre. Mi decisión, tomada en pleno y consciente ejercicio de mi libertad, podría ser incluso moralmente loable, pero no por ello dejaría de ser una injusticia. Simplemente, entre el valor amor filial y el valor equidad, propio de la justicia, yo habría dado prioridad al amor filial. Lo cual no haría más justa mi decisión, sino que confirmaría algo que a veces se ha querido negar (y cuya negación está en el origen de muchos desmanes de este siglo): que la armonía de valores no existe y que, por tanto, hay que escoger. La prudencia no es la forma virtuosa de la moderación como sugiere esta hipertrofia catalana llamada seny. La prudencia a veces puede requerir audacia. Si el general De Gaulle hubiese tenido una visión pacata de la prudencia, no se habría ido a Londres a fundar la Francia libre, sino que habría hecho la corte al Gobierno de Vichy apelando al principio de oportunidad. ¿Por qué no puede ser prudente, en el sentido de audacia que abre nuevos horizontes, la acción de los jueces García Castellón y Garzón que al principio casi todo el mundo veía como disparatada y que ha abierto caminos de no retorno en la persecución de la criminalidad de Estado? Cuando López Burniol escribe que "sólo es justo lo que la sociedad, por mediación de sus jueces, reconoce como ajustado a las conveniencias", está dando por supuesto algo no probado: que la conveniencia de Chile es que Pinochet no sea procesado. Si nos atenemos al criterio de conveniencia para saber qué es justo o injusto, la inseguridad jurídica y la aleatoriedad están garantizadas. Según las encuestas, había más españoles partidarios de absolver a los responsables del caso Marey que de condenarlos. ¿Debían haber aceptado los jueces el argumento de conveniencia -no condenarles porque perjudicaba al Estado en la lucha contra ETA-, que además la tregua ha demostrado que era falso? La justicia no puede depender ni de la razón de Estado ni de la opinión pública. El juez aplica una ley, que en las sociedades democráticas surge de los representantes electos de la sociedad. Al aplicarla debe hacerlo conforme al principio de equidad que guía a la justicia. En este encuentro entre lo fáctico y lo valorativo está la resolución justa. Lo que la razón de Estado o la opinión pública puedan aconsejar es política y puede ser necesario tenerlo en cuenta, pero sin confundir: distinguiendo lo que es política y lo que es justicia. El juez no puede ser un simple servidor de la conveniencia política. El juez está también para protegernos tanto de la demagogia como de la razón de Estado. Ante determinados hechos, es muy fácil hacer pasar a la ciudadanía de la emoción al linchamiento. Por sufragio universal, en muchos países, en determinadas circunstancias, ganaría la pena de muerte, y no por ello dejaría de ser injusta. La justicia no puede ser cómplice de la demagogia. La razón de Estado es lo contrario de la justicia: es la utilización del interés general como coartada para encubrir determinadas actividades y eludir la acción judicial. La justicia no puede cortejarla. En el caso de Pinochet, López Burniol reduce la consideración del principio de conveniencia a los intereses de la democracia chilena. ¿No merecería también ser tomada en consideración la conveniencia para la humanidad en general? Los chilenos víctimas de la dictadura tienen para mí toda la prioridad (y toda la autoridad moral), pero el camino que se ha abierto para que en una sociedad globalizada los dictadores no encuentren refugios no es una conveniencia menor. Lleva toda la razón López Burniol cuando escribe que "estamos tan lejos de la plenitud de la justicia, como lo estamos de la plenitud del conocimiento, de la bondad o de la belleza". Nuestra condición humana consiste precisamente en este "estar lejos" de toda armonía. Cada vez que se ha creído o pretendido lo contrario, los efectos han sido catastróficos. Precisamente por esta precariedad que nos define, tenemos que dar a la justicia lo que es de la justicia y a la política lo que es de la política. Y cuando razones políticas aconsejen excepciones judiciales, llamemos a las cosas por su nombre, pero no pretendamos decir que es justo lo que es injusto. Si Pinochet volviera a su país sería una injusticia, aunque todos estuviéramos de acuerdo en que volviera para bien de su país. Ser injusto puede ser razonable y positivo en un momento dado, pero no dejará de ser injusto. Sobre la negación de estas distinciones se construye una sociedad de la indiferencia en la que todo lo que se vende como conveniente es aceptable porque nada es relevante.