El Tribunal de Cuentas resalta el descenso de la deuda en 1995 en Barakaldo y Basauri
Los ayuntamientos de Basauri (unos 50.000 vecinos) y Barakaldo (algo menos de cien mil actualmente) redujeron de forma notable su deuda por habitante en el ejercicio de 1995, de acuerdo con los informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. En Basauri quedó establecida en 53.254 pesetas, situándose por debajo de la media para los consistorios de su tamaño (54.081 pesetas) y en Barakaldo, en 28.890 pesetas. Basauri gestionó en 1995 un presupuesto de 3.755 millones de pesetas para atender a las competencias que desarrolla de forma directa y a través de sus organismos autónomos y consorcios. ...
Los ayuntamientos de Basauri (unos 50.000 vecinos) y Barakaldo (algo menos de cien mil actualmente) redujeron de forma notable su deuda por habitante en el ejercicio de 1995, de acuerdo con los informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. En Basauri quedó establecida en 53.254 pesetas, situándose por debajo de la media para los consistorios de su tamaño (54.081 pesetas) y en Barakaldo, en 28.890 pesetas. Basauri gestionó en 1995 un presupuesto de 3.755 millones de pesetas para atender a las competencias que desarrolla de forma directa y a través de sus organismos autónomos y consorcios. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas considera que la actividad económico-administrativa de este aayuntamiento se adecuó a la normativa legal, si bien se produjeron incumplimientos de menor rango. En Barakaldo, la deuda media por habitante está situada por debajo de la media de los ayuntamientos vascos cuya población supera los 50.000 habitantes. Sin embargo, el tribunal fiscalizador aconseja controlar el gasto y aumentar el endeudamiento. Según el informe del Tribunal Vasco de Cuentas, la actividad del consistorio fabril se adecúa a la legalidad salvo en las áreas presupuestaria, de personal y contratación. Así, por ejemplo en el área de contratación, sobre una muestra de 19 expedientes analizados correspondientes a adjudicaciones de compras e inversiones por un importe total de 3.512 millones de pesetas, se han apreciado incumplimientos como la falta de expedientes administrativos en la contratación por parte de organismos autónomos