El juez estudia si la consejería delinque al dar el informe

El juez encargado de la investigación del brote de hepatitis C localizado en dos hospitales de Valencia, José Manuel Ortega, estudiará en los próximos días si la Consejería de Sanidad del gobierno valenciano ha podido incurrir en un delito de violación de secretos al publicitar el informe epidemiológico sobre el caso Maeso.El magistrado, que ya advirtió a las autoridades sanitarias que la difusión de cualquier aspecto relacionado con la instrucción del caso podría ser ilegal, recibió en la mañana de ayer el estudio completo. Poco después, Joaquín Farnós, responsable del departamento aut...

El juez encargado de la investigación del brote de hepatitis C localizado en dos hospitales de Valencia, José Manuel Ortega, estudiará en los próximos días si la Consejería de Sanidad del gobierno valenciano ha podido incurrir en un delito de violación de secretos al publicitar el informe epidemiológico sobre el caso Maeso.El magistrado, que ya advirtió a las autoridades sanitarias que la difusión de cualquier aspecto relacionado con la instrucción del caso podría ser ilegal, recibió en la mañana de ayer el estudio completo. Poco después, Joaquín Farnós, responsable del departamento autonómico, facilitó las conclusiones del mismo -una parte mínima de los más de cien folios de que consta el trabajo científico- a los informadores.

Esta actitud podría colisionar frontalmente con uno de los últimos comunicados remitidas por Ortega a la Consejería de Sanidad. En ella, el juez se pronunció con gran claridad. "Pudiendo constituir la revelación a la prensa de dicho informe conducta o conductas constitutivas de un delito de violación de secretos (...). Remítase al juzgado de guardia" toda la documentación relacionada con el mismo.

En conclusión, otro juez de Valencia ya investiga quién pudo cometer un delito de revelación de secretos después de que EL PAÍS adelantara, el pasado 17 de octubre, el contenido del trabajo del comité de expertos. Ahora, Ortega estudia si Joaquín Farnós ha podido incurrir en otro delito de esta naturaleza, castigado con penas de multa de entre seis y 12 meses e inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público de entre uno y tres años. El consejero leyó durante su comparecencia pública las conclusiones del estudio.

Por otra parte, el magistrado ha citado a declarar en condición de testigos a varias enfermeras y médicos que han compartido quirófano con el único imputado en la causa, Juan Maeso.