La Generalitat dice que se mantendrán los empleos del centro informático
La privatización del Centro Informático de la Generalitat (Cigesa) se hará garantizando sus puestos de trabajo, según aseguró ayer el presidente de esta empresa pública, Josep Maria Via, a preguntas de los diputados de la oposición. Una treintena de trabajadores de Cigesa concentrados ante el Parlament lanzaban anoche gritos contra la privatización de Cigesa mientras en una de las comisiones de la Cámara Joan Ridao (ERC), Jordi Gillot (Iniciativa per Catalunya) y Martí Carnicer (PSC) interrogaban a Via sobre las razones que llevan al Gobierno catalán a venderla. Además los diputados expresar...
La privatización del Centro Informático de la Generalitat (Cigesa) se hará garantizando sus puestos de trabajo, según aseguró ayer el presidente de esta empresa pública, Josep Maria Via, a preguntas de los diputados de la oposición. Una treintena de trabajadores de Cigesa concentrados ante el Parlament lanzaban anoche gritos contra la privatización de Cigesa mientras en una de las comisiones de la Cámara Joan Ridao (ERC), Jordi Gillot (Iniciativa per Catalunya) y Martí Carnicer (PSC) interrogaban a Via sobre las razones que llevan al Gobierno catalán a venderla. Además los diputados expresaron sus temores de que esta privatización sea sólo la primera y marque el inicio de una política destinada a desprenderse de patrimonio para hacer frente a la precaria situación financiera de la Administración catalana. Via, que es también secretario del Gobierno catalán, aseguró que no existe ningún plan para privatizar otras empresas públicas y que la venta de Cigesa obedece, entre otras razones, a la imposibilidad de que una empresa pública pueda mantener el ritmo de adecuación a los vertiginosos cambios en el mundo de la informática. La desconfianza de los diputados procede, sin embargo, de que el Gobierno de Jordi Pujol ha decidido subastar esta empresa, con un precio de salida de 3.000 millones de pesetas, utilizando una disposición adicional de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 1998. Un método que ha levantado suspicacias y ha sido interpretado como un intento de escapar a todo control, porque esa empresa fue creada por una ley del Parlament. Ridao, Guillot y Carnicer expresaron también su temor a que con la privatización pasen a manos ajenas a la Administración datos relativos a muchos ciudadanos sobre los que se debe guardar confidencialidad absoluta. Via aseguró que en el contrato se exigirá a la empresa que preste estos servicios las máximas garantías de confidencialidad, pero asumió que de todas formas la Generalitat seguirá siendo la responsable última de que se mantenga.