Turismo de la Generalitat contrató en 1995 a una empresa antes de que se constituyera
El Consorcio de Promoción Turística de Cataluña adjudicó un contrato a una empresa favorecida por su ex director, Joan Cogul,antes de que ésta se constituyera. Esta irregularidad, de la que podría derivarse una malversación de dinero público premeditada, se produjo en 1995 y fue descubierta por la Intervención General del Departamento de Economía de la propia Generalitat. IC y CC OO acusaron al actual consejero de Turismo, Antoni Subirà, de tratar de encubrir las irregularidades anteriores a su gestión. La fiscalía investiga las cuentas del organismo público que tutela la Generalitat.
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El Consorcio de Promoción Turística de Cataluña adjudicó un contrato a una empresa favorecida por su ex director, Joan Cogul,antes de que ésta se constituyera. Esta irregularidad, de la que podría derivarse una malversación de dinero público premeditada, se produjo en 1995 y fue descubierta por la Intervención General del Departamento de Economía de la propia Generalitat. IC y CC OO acusaron al actual consejero de Turismo, Antoni Subirà, de tratar de encubrir las irregularidades anteriores a su gestión. La fiscalía investiga las cuentas del organismo público que tutela la Generalitat.
Esta irregularidad administrativa favoreció a la firma Gesa Serveis Turístics, que realizó un estudio sobre el valle de Aran a partir de un presupuesto que lleva por fecha 20 de diciembre de 1994, como detectaron los interventores de la Generalitat, "con anterioridad a la constitución de la sociedad, que se produjo en Reus el 31 de enero de 1995". Esta anomalía se significa en la auditoría porque revela una práctica premeditada. Gesa obtuvo, a lo largo de 1995, servicios "casi exclusivamente del Consorcio de Turismo", afirma el auditor, por valor de 20,3 millones de pesetas, en las que se incluye la factura de otra operación distinta por supuestos "trabajos de campo". La factura se extendió el mismo día en que se constituyó la empresa. Su importe, 986.000 pesetas. El consorcio depende de los recursos que le destina anualmente la Generalitat. Según sus estatutos, el consorcio es una entidad sujeta al ordenamiento jurídico público y a las normas de contratación del sector público. La auditoría del consorcio añade que en muchos casos los contratos de suministros de servicios y objetos de regalo "se fraccionaban para continuar bajo autorización a nivel de director general [Cogul]" y no tuvieran que ser autorizados por el presidente de la comisión ejecutiva. Joan Cogul, ex director general y hombre del área internacional de Unió Democràtica, fue acusado de favorecer a varias empresas de su localidad natal, Reus, con encargos de informes y contratos de servicios y suministros de objetos de regalo para el Consorcio. Uno de ellos afectaba a una empresa de su esposa (Bewerly Escuela de Idiomas), "aunque la nueva ley de contratos de las Administraciones Públicas especifica la prohibición de contratar a cónyuges", explica la auditoría. Sólo en el año 1995, el consorcio contrató 371 millones de pesetas sin concurrencia de oferta alternativa. La auditoría incluye la certificación de Marcel Forns, subdirector general de Turismo de la Generalitat, y también de la jefa de Relaciones Institucionales, conforme "desconocen las acciones promocionales que originan la contratación" de 25 expedientes administrativos del año 1995. Paradójicamente, se han hallado también facturas de actos y servicios de promoción turística cuya ejecución y organización fue realizada por el equipo técnico del Consorcio de Promoción Turística. El total de esta significativa partida es, según el auditor, de 29 millones. Estos "servicios inexistentes" fueron cobrados por Bewertour, Stone Up, Gesa Serveis Turístics, Camping Salou y Quality Inn, todas ellas empresas relacionadas con Cogul y localizadas en Reus. PASA A LA PÁGINA 5