1.012 expedientes judiciales por aborto desde 1985

Someterse a un aborto legal en España supone todavía un alto grado de riesgo penal para la mujer y los profesionales que lo practican. La gran mayoría se acoge al primer supuesto de "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada", lo que ha permitido la apertura de 1.012 diligencias judiciales desde que se despenalizó parcialmente en 1 985, según consta en la Fiscalía General del Estado. Corresponden a otras tantas denuncias, en su mayoría de maridos en proceso de separación o de novios despechados que ponen en entredicho el informe psiquiátrico que avala la interven...

Someterse a un aborto legal en España supone todavía un alto grado de riesgo penal para la mujer y los profesionales que lo practican. La gran mayoría se acoge al primer supuesto de "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada", lo que ha permitido la apertura de 1.012 diligencias judiciales desde que se despenalizó parcialmente en 1 985, según consta en la Fiscalía General del Estado. Corresponden a otras tantas denuncias, en su mayoría de maridos en proceso de separación o de novios despechados que ponen en entredicho el informe psiquiátrico que avala la intervención.

Esta es la circunstancia que buscan evitar las proposiciones de ley que se debatirán el próximo martes en el Congreso de los Diputados. Lo que proponen (PSOE) es un cuarto supuesto por "conflicto personal, familiar o social de gravedad" de la embarazada, o bien el aborto libre en unos plazos de 14 o 16 semanas (IU, Nueva Izquierda y BNG, con el apoyo de movimientos feministas).

Las denuncias registradas muestran que cualquiera puede llevar a los tribunales a una mujer que ha abortado. Un marido que pretende la custodia de sus hijos demostrando lo mala madre que fue su mujer; un novio abandonado; el padre del novio que, por cuestiones personales o ideológicas, no se resigna a no ser abuelo; un médico cuidadoso con su juramento hipocrático; incluso una vecina tras una reyerta doméstica.

La gran mayoría de las diligencias terminan archivándose, lo que no evita a la mujer pasar por el calvario de declarar y revivir su historia. Quienes han pasado por ello no quieren hoy recordarlo en estas páginas. Su sensación de intimidad violada es la misma que tiene Celia Puñal, una de las 1.443 mujeres cuyos historiales médicos fueron incautados por un juez en abril de este año en la clínica Iris de Albacete para investigar un supuesto aborto ilegal.

Historiales al aire

Su expediente se refería a una simple revisión ginecológica, "pero en este paquete un tercio eran historia les de mujeres que habían abortado y cuya pareja o familia lo desconocía. Realmente estaban asustadas de que esto pudiera salir a la luz", cuenta Puñal. Las fichas estuvieron varias semanas en el juzgado "y a la vista de todo el mundo. Ni siquiera hubo cuidado en este sentido. Yo me enteré de que me afectaba a mi porque una persona que trabaja en el juzgado me dijo: 'He visto tu expediente'. Me indigné. Me indigné tanto que me dirigí al Defensor del Pueblo. Porque ¿cómo es posible que sin una denuncia, sólo por un parte de un médico, saquen las historias médicas de tantas personas de forma tan impune? En esta ciudad todo el mundo se conoce y las consecuencias pueden ser muy graves". El caso finalmente se archivó.

Celia se pone en la piel de las mujeres que han sido denunciadas por abortar. "Al no estar regulado correctamente este tema, todas están a merced de que su ex compañero las denuncie. La pena es que tenga soporte legal para hacerlo".

De todas las diligencias instruidas en 13 años, al menos 41 han terminado en sumarios y posteriores juicios (las memorias de la Fiscalía sólo recogen los sumarios hasta 1991). El juicio más destacado tuvo lugar en abril de este año en la Audiencia Provincial de Málaga. 34 médicos, sanitarios y mujeres, fueron sentados en el banquillo por abortos practicados en 1986 en una clínica malagueña. Para los primeros se pedían hasta 180 años de cárcel; para las 23 mujeres y sus acompañantes, multas de 36.000 pesetas. Finalmente todos fueron absueltos por prescripción de los delitos.

Uno de los procesados es el ginecólogo Alberto Stolzemburg, quien tuvo otra condena anterior por aborto y posterior indulto en 1993. Al menos seis ginecólogos han sido indultados desde 1985 en relación con este delito. "Pasé un mes en prisión. Me condenaron por practicar un aborto a una heroinómana con el argumento de que la adicción no era una enfermedad que pudiera entrar en el primer supuesto legal para abortar", explica Stolzemburg. "En este caso sí que había una clara indicación médica y lo que sentí fue una impotencia tremenda al ver profesionales que en medio de una cruzada antiabortista pasaran por encima de todo".

El ginecólogo lamenta las declaraciones del secretario de la comisión deontológica de la Organización Médica Colegial afirmando que el aborto no es un acto médico. "Es una vergüenza. Muchos compañeros nos remiten pacientes. Me consta que no están en contra del aborto pero tienen miedo a salir del armario".

Entre 1985 y 1996 se practica ron en España 391.670 abortos legales, según cifras oficiales. El primer año fueron nueve y el último 51.002. Las clínicas especializadas consideran que no son excesivos pues calculan en 100.000 a los que se sometían antes las españolas de forma clandestina.

Aún quedan juicios pendientes.