Ruiz-Gallardón se prepara para rentabilizar el traspaso educativo

Este curso será recordado en Madrid como el de la gestión compartida y la culminación de una época de grandes turbulencias, cuya pacificación servirá al presidente autonómico, Alberto Ruiz-Gallardón, para rentabilizar el traspaso educativo con vistas a las elecciones del año próximo.La actividad escolar arranca aún bajo la tutela del ministerio,pero el Gobierno regional se hará con las riendas de colegios e institutos a partir del 1 de enero. Es decir, los 40.000 profesores y 903.000 alumnos que desarrollan su actividad en la Comunidad se encontrarán, tras el descanso navideño, con que el máxi...

Este curso será recordado en Madrid como el de la gestión compartida y la culminación de una época de grandes turbulencias, cuya pacificación servirá al presidente autonómico, Alberto Ruiz-Gallardón, para rentabilizar el traspaso educativo con vistas a las elecciones del año próximo.La actividad escolar arranca aún bajo la tutela del ministerio,pero el Gobierno regional se hará con las riendas de colegios e institutos a partir del 1 de enero. Es decir, los 40.000 profesores y 903.000 alumnos que desarrollan su actividad en la Comunidad se encontrarán, tras el descanso navideño, con que el máximo responsable de sus alegrías o sus desdichas ya no se llama Esperanza Aguirre, sino Gustavo Villapalos, consejero de Educación.

Termina así un periodo de ásperas confrontaciones con la Dirección Provincial de Educación, un organismo que ha suscitado los epítetos más corrosivos de los sindicatos y los colectivos radicados en las zonas más desfavorecidas de la periferia urbana. El annus horribilis del director provincial, José Antonio Palacios, alcanzó su cenit el pasado 19 de mayo, cuando el 70% de los directores de institutos de la región le pidieron que dimitiera por su "nulo empeño" en aplicar las mejoras materiales que prevé la LOGSE. Palacios se tambaleó, pero Esperanza Aguirre, inmersa en las negociaciones sobre el traspaso de competencias, decidió mantenerlo en el cargo.

El próximo 1 de enero, la gestión ministerial será ya historia en Madrid. Aguirre y el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, sellaron el cambio de manos de la educación el 30 de julio, con un documento que cifraba el coste efectivo de las transferencias en 255.000 millones de pesetas. Como corresponde a estos tiempos alborotados, la cifra se interpretó como "claramente insuficiente" desde los más variados sectores.

El PSOE reclamó la destitución de Villapalos, IU sugirió una moción de censura simbólica contra Ruiz-Gallardón (el PP goza de mayoría absoluta en la Cámara) y UGT dijo que ese dinero no llegaba "ni para las magdalenas del desayuno". Sólo Comisiones Obreras buscó una lectura positiva: la financiación era escasa, pero la educación mejorará sólo con que la dirección provincial se quite de en medio, vinieron a decir sus responsables.

Baile de cifras

La cifra se antojó corta para muchos, pero sobre todo porque Villapalos siempre había elevado sus perspectivas por encima de los 300.000 millones, y hasta amenazó con dimitir en caso de que las enseñanzas no universitarias llegaran "sin la financiación suficiente". Al final, el consejero ha encontrado parapeto tras el argumento de que el ministerio aún aportará un 5% adicional durante los cinco próximos años.Ante la escuela que se avecina, el Gobierno madrileño ultima un plan de financiación (pactado casi en secreto con CC OO y UGT) para reanimar las aulas con una inyección adicional de 118.000 millones entre los años 1999 y 2003. La partida más generosa (20.000 millones) se prevé para integración de minorías, la gran asignatura pendiente de Palacios y su dirección provincial.

Este pacto también incluye la equiparación salarial de los profesores con sus homólogos de otras comunidades transferidas: unas 23.000 pesetas brutas para los maestros de primaria, que se plasmarán en las nóminas a lo largo de tres años. Ruiz-Gallardón se reserva, no obstante, una maniobra de político avezado: pospondrá esa subida al final de curso, en julio, para intentar vender y rentabilizar ese logro salarial con vistas a las elecciones autonómicas del 13 de junio.