Trabajo ignoró informes oficiales para favorecer a dirigentes de Unió
VIENE DE LA PÁGINA 1 La querella asegura que "existen datos objetivos" que demuestran que Farreres tuvo "una conducta tendente a favorecer a una serie de centros vinculados al partido político al que pertenece" al conceder las subvenciones. En este sentido, aportan documentos oficiales para demostrar que no se tuvieron en cuenta los informes de la inspección del propio Departamento de Trabajo y se concedieron a algunas personas más cursos de formación de los que se recomendaron. Así, por ejemplo, el Centre Tècnic de la Dona, dirigido por Anna Mercadé, miembro del comité de Gobierno de Unió, ...
VIENE DE LA PÁGINA 1 La querella asegura que "existen datos objetivos" que demuestran que Farreres tuvo "una conducta tendente a favorecer a una serie de centros vinculados al partido político al que pertenece" al conceder las subvenciones. En este sentido, aportan documentos oficiales para demostrar que no se tuvieron en cuenta los informes de la inspección del propio Departamento de Trabajo y se concedieron a algunas personas más cursos de formación de los que se recomendaron. Así, por ejemplo, el Centre Tècnic de la Dona, dirigido por Anna Mercadé, miembro del comité de Gobierno de Unió, solicitó en 1995 subvenciones para realizar 35 cursos de formación y se le otorgaron 33. La delegación en Barcelona del Departamento de Trabajo había aconsejado un máximo de 9. Del mismo modo y también en 1995, el centro Silmijo, relacionado con Jaume Jané, diputado de Unió, solicitó 25 cursos. La inspección aconsejó 4, pero se le otorgaron 19. Por el contrario, se relata el caso de la Escuela de Frío y Aire Acondicionado, perteneciente a la Asociación Catalana de Centros de Formación Profesional, que solicitó 8 cursos y sólo se le concedió 1, pese a que Trabajo aconsejó 7. Estrategia procesal La querella asegura que la iniciativa de Trabajo de denunciar a esos centros a la fiscalía no es sino una "estratagema procesal" para evitar que Farreres acabase acusado. Del mismo modo, se asegura que las resoluciones del consejero en estos años podrían también constituir un delito de malversación de caudales públicos y contra la Hacienda. El juez instructor del caso, Lluis Puig Ferriol, ya ha solicitado las pruebas documentales que se proponen en la querella: la lista de todos los centros de formación que han solicitado subvenciones, con indicación de los cursos y los informes de la inspección desde 1994, los que han sido inspeccionados, a los que se les han revocado subvenciones, los que no impartieron cursos pese a recibir dinero y los recursos pendientes en los tribunales.