Tremendismo

LA CONFERENCIA Episcopal irrumpió ayer en el debate sobre la ampliación de la normativa legal para permitir el aborto por un cuarto supuesto -existencia de un conflicto legal, personal o social- con un comunicado tremendista y poco reflexivo. El texto, leído por Elías Yáñez, insiste en los argumentos que esgrimen las personas y grupos contrarios al aborto, pero en un tono apocalíptico que en nada ayuda a la comprensión del problema y tampoco a su resolución política. Expresiones tales como que los supuestos legales para el aborto son "una licencia más amplia para matar a los hijos" o que cualq...

LA CONFERENCIA Episcopal irrumpió ayer en el debate sobre la ampliación de la normativa legal para permitir el aborto por un cuarto supuesto -existencia de un conflicto legal, personal o social- con un comunicado tremendista y poco reflexivo. El texto, leído por Elías Yáñez, insiste en los argumentos que esgrimen las personas y grupos contrarios al aborto, pero en un tono apocalíptico que en nada ayuda a la comprensión del problema y tampoco a su resolución política. Expresiones tales como que los supuestos legales para el aborto son "una licencia más amplia para matar a los hijos" o que cualquier mujer "podrá decidir la muerte de su hijo ante la pasividad, complicidad y colaboración del Estado" son un tipo de argumentación más próxima al panfleto fundamentalista que a un documento meditado. El texto está compuesto prácticamente en su totalidad de frases encendidas y retóricas, con afirmaciones altisonantes tales como "un pueblo que mata a sus hijos al amparo de leyes inicuas pone en tela de juicio su futuro"; nada en el comunicado se aparta de esta incomprensión tonante propia de Savonarola. La Conferencia Episcopal sostiene que las proposiciones que se debatirán el día 22 son "radicalmente inmorales" y que "seguramente son también inconstitucionales". Está en su derecho; incluso es su deber. Tiene en su mano los recursos institucionales para defender sus argumentos. A estas alturas, el debate sobre la naturaleza del feto y la legitimidad de la mujer para disponer de su propio cuerpo no parece que pueda dar más de sí. Ya sabemos que es una cuestión de creencias. También que la ley que se va a someter a aprobación en el Congreso, como la que ya está vigente, no obliga a nadie a abortar y deja a cada uno frente a su propia conciencia. Pero lo que el legislador no puede admitir, como pretende la Iglesia, es que las posiciones de unos, basadas en creencias legítimas pero particulares, se impongan a todos los demás que no participan de ellas. En este sentido, el comunicado de la Conferencia Episcopal más parece un manifiesto para excitar la visceralidad de los sectores antiabortistas con la pluma tintada en rayos y truenos que un instrumento de debate.Por suerte, en el ámbito político, las posiciones iniciales están menos crispadas emocionalmente. El deseo del PP de hacer explícito un deslizamiento político hacia posiciones centristas ha moderado su granítica posición inicial de no permitir la discusión parlamentaria de las proposiciones presentadas por los partidos de izquierda. En la primera junta de portavoces tras las vacaciones, el PP rectificó, para sorpresa de todos, lo que hasta entonces había sido una actitud claramente obstruccionista, que si algo resaltaba era un talante poco abierto y democrático. Por tres veces había recurrido el PP a argucias dilatorias de tipo formal para impedir nuevas proposiciones sobre el aborto. Bienvenida sea, pues, la rectificación del PP, porque, al margen de la posición que cada formación política adopte con toda legitimidad frente a este asunto, lo que no se puede hacer, en democracia, es impedir que las propuestas de la oposición puedan ser discutidas.

El debate del 22 es del máximo interés político, pues es la segunda vez en esta legislatura que se somete a votación de la Cámara la ampliación de la ley del aborto. En la sesión celebrada el 24 de febrero pasado, la propuesta socialista, que contaba con el apoyo del resto de la izquierda, no pudo prosperar al producirse un triple empate en las votaciones. Las ausencias de varios diputados socialistas, entre ellos Felipe González, impidieron que el proyecto de ley pudiera prosperar. Desde entonces, las posiciones no han variado. Ya se sabe que el PP votará en contra, igual que los cinco diputados de Unió Democràtica. Que PSOE, IU, PDNI, PI y BNG votarán a favor. Y que PNV, CDC y Coalición Canaria dejarán de nuevo libertad de voto a sus diputados. El resultado de las votaciones dependerá, pues, de las asistencias y las ausencias. Sería lamentable para la izquierda, cuyas diputadas vienen batallando infructuosamente desde hace tiempo para conseguir una adecuada regulación legal del aborto, que perdiera de nuevo esta batalla porque sus diputados no estuvieran el próximo día 22 donde tienen que estar: en el hemiciclo del Congreso.