Un juzgado de Vitoria experimenta la conciliación entre víctima y delincuente

Más vale un mal acuerdo que una imposición. Ésta es la filosofía que recorre en la actualidad las salas de los juzgados y la que ha animado al Departamento de Justicia a promover junto a varios expertos en derecho y jueces y fiscales un proyecto piloto de mediación, reparación y conciliación entre víctima y delincuente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria. Se trata de la primera experiencia de este tipo que se realiza a nivel nacional, algo que ya existe en la justicia para los menores de edad.

El actual Código Penal no prevé el sistema de mediación, que permite poner en co...

Más vale un mal acuerdo que una imposición. Ésta es la filosofía que recorre en la actualidad las salas de los juzgados y la que ha animado al Departamento de Justicia a promover junto a varios expertos en derecho y jueces y fiscales un proyecto piloto de mediación, reparación y conciliación entre víctima y delincuente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria. Se trata de la primera experiencia de este tipo que se realiza a nivel nacional, algo que ya existe en la justicia para los menores de edad.

El actual Código Penal no prevé el sistema de mediación, que permite poner en contacto a la víctima y el delincuente para que traten de llegar a algún tipo de acuerdo -económico, petición de perdón- y no se judicialice la denuncia. El juez decano de Vitoria, Jaime Tapia, es uno de los impulsores del proyecto. En su opinión, "a pesar de las restricciones legales, el Código deja algunos resquicios por donde introducir las medidas de conciliación y reparación, aunque sea tímidamente". La legislación penal de varios países europeos sí que recogen este procedimiento, que puede llevar, en los casos que haya acuerdo entre víctima y delincuente, a sobreseer el expediente abierto en los juzgados. En España impera el principio de legalidad, es decir que si alguien comete un delito se le debe imponer una pena. Tan sólo la justicia de menores está facultada para aplicar medidas de conciliación. El Departamento de Justicia se puso en contacto a principios de año con dos profesoras de la Facultad de Derecho de San Sebastián y de Deusto para estudiar cómo introducir la fórmula de la mediación en los juzgados de Euskadi. Estas profesionales del Derecho ya han desarrollado varios trabajos en este campo. Así, elaboraron un primer proyecto y estudiaron qué juzgado de Instrucción podría ser el más adecuado para ponerlo en marcha. Estos juzgados son los que se encargan de filtrar las denuncia. Deciden cuáles tienen relevancia como para ser vistas por los juzgados de lo Penal, que son quienes juzgan y condenan. Tras un chequeo a varias salas, se optó por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria porque, entre otras razones, las fiscales adscritas a este juzgado también se ocupan de los menores y conocen el campo de la mediación. El planteamiento inicial de las expertas fue limándose en sucesivas reuniones con el departamento y los miembros del propio juzgado hasta dar con la idea más posibilista. El pasado julio comenzó a aplicarse. El primer y único caso que el juzgado ha delegado hasta ahora a los servicios de mediación todavía está pendiente de resolución. Se trata de una pelea entre dos vecinos que terminó con lesiones de consideración en uno de ellos. El Código Penal incluye dos tipos de figura merecedoras de castigo: los delitos y las faltas. "En principio", comenta Tapia, "es más fácil llevar a cabo las medidas de conciliación en lo que se refiere a las faltas, ya que reúnen peculiaridades como la menor gravedad del hecho y la posibilidad de que a través de la retirada de la denuncia se articule una desaparición de la pena". Apretón de manos Pero el objetivo es aplicar la mediación también a los delitos, que sólo son perseguibles si hay denuncia. Si la denuncia se retira, no hay acusación. Ahí es donde entra el proceso de reparación entre delincuente y víctima, que puede acabar con un apretón de manos, con una indemnización económica o con una petición de disculpas. "Si hay un acuerdo", precisa el juez, "el Código Penal actual permite tener en cuenta la reparación a la víctima como una circunstancia atenuante muy cualificada. No habrá un sobreseimiento libre, pero el arrepentimiento ante la víctima se valorará a la hora de imponer la pena". Las previsiones de Tapia son que si la experiencia resulta positiva se pueda trasladar al resto de juzgados de Instrucción de Vitoria. "El objetivo que se persigue es doble: que se reduzcan los asuntos que se judicializan y que los que se tramiten se hagan mayor consideración a la víctima, que es la gran olvidada por la Justicia. Este sistema podría absorver hasta el 40% de los casos de los juzgados de Instrucción".