El Defensor del Contribuyente recibe 4.500 quejas contra Hacienda y las normas fiscales

El contribuyente no entiende las normas fiscales ni la forma en que es tratado por Hacienda. Ésta es la principal conclusión de Javier Lasarte en su primer año como Defensor del Contribuyente. Lasarte ha recibido 4.500 quejas y espera que sean unas 6.000 este año. Admite que el número es bajo en comparación con los millones de contribuyentes, pero entiende que "todavía hay miedo a denunciar". Lasarte ha presentado 33 propuestas de cambios normativos; entre ellas, que cuando se impone una sanción por incumplimiento fiscal esté suficientemente motivada.

La figura del Defensor del Cont...

El contribuyente no entiende las normas fiscales ni la forma en que es tratado por Hacienda. Ésta es la principal conclusión de Javier Lasarte en su primer año como Defensor del Contribuyente. Lasarte ha recibido 4.500 quejas y espera que sean unas 6.000 este año. Admite que el número es bajo en comparación con los millones de contribuyentes, pero entiende que "todavía hay miedo a denunciar". Lasarte ha presentado 33 propuestas de cambios normativos; entre ellas, que cuando se impone una sanción por incumplimiento fiscal esté suficientemente motivada.

La figura del Defensor del Contribuyente es nueva en el panorama fiscal español. Fue creada en marzo de 1997 por el Gobierno del PP que confió en el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla, Javier Lasarte, para que hiciera no sólo de pañuelo de lágrimas de los contribuyentes.Se nombró también un consejo asesor formado por 17 personas; de ellas, ocho funcionarios de la secretaría de Estado de Hacienda y, el resto, catedráticos, asesores fiscales y un empresario. Nadie en representación de las organizaciones sociales ni de los consumidores.

En su primer año de funcionamiento, este consejo ha recibido 4.500 quejas contra el trato recibido por Hacienda y las normas fiscales. El balance de su presidente es que las relaciones de Hacienda con los contribuyentes son muy mejorables y que la legislación tributaria no se entiende.

De estas quejas, algunas se han resuelto directamente con una simple disculpa. En 3.500 casos, el asunto ha requerido abrir un expediente y buscar soluciones más complejas. De cada 100 quejas, explica Lasarte, sólo en 20 se ha determinado que Hacienda llevaba razón.

Para este año, Lasarte espera recibir unas 6.000 reclamaciones. Un número pequeño si se compara con los millones de contribuyentes -14 sólo en el impuesto sobre la renta- lo que para el Defensor del Contribuyente demuestra que "la gente tiene miedo a enfrentarse con Hacienda".

Grandes molestias

La gran mayoría son pequeños contribuyentes. Algunas quejas son de importancia relativa, pero que causan molestias. Por ejemplo, por tener que hacer grandes colas, por errores en el programa PADRE de asistencia al contribuyente o "porque los funcionarios fuman", dice Lasarte.Otras reflejan ciertos abusos por parte de Hacienda. Por ejemplo, cuando un contribuyente debe liquidar una deuda con Hacienda y éste la acepta, sorprendentemente no puede pagar en el acto. Debe esperar a que se le gire la correspondiente liquidación, que tarda dos o tres meses, por los que debe pagar intereses.

Otro grupo está entre los pequeños empresarios que deben renunciar expresamente y en un plazo determinado a tributar por el sistema de módulos, si quieren pasar al de estimación directa. Hacienda no acepta que la simple declaración por la modalidad elegida baste para expresar la renuncia a módulos, algo que el Defensor cree que debe cambiar.

Tampoco se entiende en muchos casos todo el mecanismo de liquidaciones paralelas -las que remite Hacienda por errores-, los requerimientos o las notificaciones. En definitiva, todo el enrevesado lenguaje administrativo.

Las sanciones que aplica Hacienda no están suficientemente motivadas y el contribuyente no entiende por qué en lugar de una cantidad se le aplica otra. El Defensor ha propuesto aquí que, además de que la sanción tenga un expediente separado -como ya se hace-, esté motivada.

Hay otros problemas de falta de información. Muchas quejas vienen de jubilados que han aportado a un fondo de pensiones y se encuentran con que tienen que tributar por la renta percibida. Las entidades financieras venden este producto con el gancho de las deducciones fiscales, pero no explican que al cobrar la pensión hay que pagar impuestos.

Hay mucho descontento también por el excesivo tiempo -unos tres años- que los tribunales administrativos tardan en resolver los recursos. Igualmente, por el retraso en recibir las devoluciones. El Defensor ha propuesto que se establezcan plazos de devolución para todos los impuestos. En total, el Defensor del Contribuyente ha propuesto 33 reformas legales y prepara otras ocho. Por ejemplo, ha planteado que el régimen fiscal para los jubilados inválidos, diferente según sean funcionarios o no, se modifique según una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

También, desarrollar algunos convenios internacionales -por ejemplo, con Alemania-; corregir el cálculo de las plusvalías a los efectos del impuesto de sucesiones; o evitar que para pedir una ayuda pública haya que presentar declaración de renta cuando no se está obligado a ello.