Un nuevo estudio ambiental decidirá si la M-501 se puede desdoblar

Los alcaldes del suroeste de Madrid no cejan en sus intentos de que la M-501, conocida como carretera de los pantanos, sea desdoblada hasta Chapinería, municipio distante 50 kilómetros de Madrid. El Gobierno había aprobado recientemente convertir en autovía esta carretera, pero sólo hasta Brunete (a 30 kilómetros de la capital). El estudio de impacto ambiental elaborado por la Consejería de Medio Ambiente así lo imponía porque, a partir de este municipio, la carretera se adentra en una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Pero los regidores de los pueblos de esta zona, que viven ...

Los alcaldes del suroeste de Madrid no cejan en sus intentos de que la M-501, conocida como carretera de los pantanos, sea desdoblada hasta Chapinería, municipio distante 50 kilómetros de Madrid. El Gobierno había aprobado recientemente convertir en autovía esta carretera, pero sólo hasta Brunete (a 30 kilómetros de la capital). El estudio de impacto ambiental elaborado por la Consejería de Medio Ambiente así lo imponía porque, a partir de este municipio, la carretera se adentra en una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Pero los regidores de los pueblos de esta zona, que viven fundamentalmente del turismo, no se dan por vencidos y reclaman el desdoblamiento cada vez que se produce un accidente mortal en esta vía, algo que sucede casi todos los meses.Por eso, se reunieron ayer con el presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, para pedirle que fuera el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el que elaborase un nuevo informe medioambiental sobre la posible duplicación de la calzada hasta Chapinería. Ruiz-Gallardón dio su visto bueno a la propuesta.

El informe del CSIC tardará seis meses y costará cuatro millones. La Comunidad correrá con los gastos.

La asociación ecologista Aedenat, que se opone al desdoblamiento, anunció ayer que pedirá también una entrevista con el presidente del Gobierno para tratar este asunto.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno acordó ayer crear el denominado Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia. Este organismo tendrá como objetivo recoger, analizar y evaluar información sobre las actuaciones racistas en la Comunidad y colaborar en el estudio de este problema con organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de investigación y agentes sociales. "Con esta iniciativa queremos evitar que caiga en el olvido la necesidad de luchar contra el racismo y la intolerancia", explicó Ruiz-Gallardón. El observatorio ha sido creado a raíz de una resolución aprobada unánimemente por los grupos parlamentarios el pasado 16 de abril.

Calidad de la edificación

El Consejo de Gobierno aprobó también en su reunión de ayer remitir al Consejo Económico y Social la Ley de Medidas para la Calidad de las Edificaciones. Ruiz-Gallardón explicó que esta ley permitirá que "el comprador de una vivienda pueda disponer de una completa información sobre las calidades del edificio que compra, y que estará recogida en un libro o ficha de identidad". Según el mandatario regional, en esa ficha se detallarán todas las "vicisitudes o alteraciones" del inmueble. Este registro de calidades no será sólo exigible al promotor, sino que tendrá que estar a disposición de los sucesivos compradores de la vivienda. Ruiz-Gallardón aseguró que el registro "no encarecerá los precios de venta" de los inmuebles.