La defensa del inspector inculpado insiste en que el fiscal Aya conocía las escuchas
El abogado defensor del policía acusado de escuchas ilegales a través de la empresa de seguridad Aupari de Vitoria sostuvo ayer en sus conclusiones que su defendido puso en manos del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Alfonso Aya, una cinta y un listado mensafónico. El letrado sostuvo esta afirmación pese a la declaración en sentido contrario efectuada por el propio fiscal jefe, que compareció el miércoles como testigo. El abogado del policía Pedro Gerardo G.F. entiende que Alfonso Aya no negó los hechos en su testimonio. "Aya dijo que no recordaba haber sido informado sobre las escuchas,...
El abogado defensor del policía acusado de escuchas ilegales a través de la empresa de seguridad Aupari de Vitoria sostuvo ayer en sus conclusiones que su defendido puso en manos del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Alfonso Aya, una cinta y un listado mensafónico. El letrado sostuvo esta afirmación pese a la declaración en sentido contrario efectuada por el propio fiscal jefe, que compareció el miércoles como testigo. El abogado del policía Pedro Gerardo G.F. entiende que Alfonso Aya no negó los hechos en su testimonio. "Aya dijo que no recordaba haber sido informado sobre las escuchas, pero tampoco lo negó con rotundidad". afirmó. "Es seguro que llegó a tener noticia del hecho aunque tal vez no le dio importancia", valoró el letrado. La defensa quiso utilizar el presunto conocimiento que sobre el tema pudiera tener el responsable del ministerio público para reforzar la teoría de que el inspector policial no creía que las escuchas realizadas por el gerente de la empresa Aupari a un empleado suyo constituyeran delito alguno. En este sentido, destacó que su cliente recibió estas grabaciones en calidad de amigo del responsable de Aupari. La aparición en ellas de los nombres de dos conocidos traficantes de droga y el desconocimiento de la jerga utilizada indujo a este último a ponerlas en manos del agente experto en estupefacientes. La fiscal subrayó en sus conclusiones que los dos principales encausados habían asumido su participación en unos hechos que confrontaban el derecho de propiedad -el gerente de la empresa grabó las cintas en su despacho y en su propio teléfono- con el de la intimidad, que es el que prevalece.