Satisface a los más satisfechos

Los diputados generales de los tres territorios vascos, coordinados por el Gobierno vasco, nos han presentado durante el mes de junio, las propuestas de reforma del IRPF, que entrará en funcionamiento en pocos meses. Una vez estudiados los aspectos de esta reforma, UGT considera que se trata en realidad de una contrareforma liberal, ya que va a propiciar, en la práctica, una disminución efectiva del Estado de bienestar y una redistribución de la carga impositiva a favor de los ciudadanos con mejor situación económica, sobre todo, cuando entremos en un ciclo económico recesivo. El PNV está vend...

Los diputados generales de los tres territorios vascos, coordinados por el Gobierno vasco, nos han presentado durante el mes de junio, las propuestas de reforma del IRPF, que entrará en funcionamiento en pocos meses. Una vez estudiados los aspectos de esta reforma, UGT considera que se trata en realidad de una contrareforma liberal, ya que va a propiciar, en la práctica, una disminución efectiva del Estado de bienestar y una redistribución de la carga impositiva a favor de los ciudadanos con mejor situación económica, sobre todo, cuando entremos en un ciclo económico recesivo. El PNV está vendiendo esta reforma como un regalo para las rentas bajas, pero en realidad busca beneficiar a las más altas, y especialmente a las procedentes de actividades empresariales y profesionales y a las rentas de capital. En definitiva, el Gobierno da más satisfacción a los más satisfechos. El problema más grave planteado por esta reforma es el de la rebaja impositiva, que costaría a las Haciendas vascas unos 40.000 millones de pesetas, con el coste en prestaciones sociales que conlleva para los ciudadanos vascos. Esto supone un peligro para nuestra sociedad, porque sólo si las instituciones obtienen ingresos suficientes será posible financiar el contrato de sustitución y favorecer así el acceso de 15.000 jóvenes al mercado laboral y otras políticas que favorezcan la creación de empleo. A UGT le preocupa que con este proyecto la carga impositiva sigue siendo sangrante para las rentas del trabajo. Las rentas salariales van a tener que seguir cargando con el 82% actual de la recaudación por IRPF, o incluso más, en la comunidad autónoma. Y es que esta reforma sigue manteniendo los sistemas de estimación indirecta de las rentas derivadas de actividades empresariales y profesionales, que legalizan la afloración de rentas que no pagan ningún tipo de impuesto. Y continúa con la diferente tributación de las rentas del capital, que se transforman en incrementos de patrimonio irregulares para acogerse al tipo único del 20%, que como todo tipo único favorece más a las rentas más altas. Esto rompe el principio de equidad horizontal. La medida que se pretende adoptar de disminuir tramos de la escala del IRPF transgrede la equidad vertical. Esta tendencia a establecer un tipo de gravamen único, ya conseguido prácticamente para las rentas del capital, nos convierte en más desiguales, al restar progresividad al único impuesto que la tiene. Contra este mismo principio atenta la reducción que se prevé por rentas salariales, ya que a pesar de su pretendida progresividad, ésta se estanca en los 2,5 millones de ingresos anuales. A partir de ahí, todas las rentas deducen por la misma cantidad, lo que supone un mayor ahorro para las rentas más altas. El mismo efecto tiene que se siga manteniendo un tramo de renta que no tributa (tributa al 0%), igual para todos los contribuyentes, ya que de nuevo supone un mayor ahorro para las rentas más elevadas. Estos aspectos violan flagrantemente los principios fundamentales del sistema tributario recogidos en la Constitución y que comprenden la equidad, la generalidad y la suficiencia del propio sistema. El objetivo de la reforma del IRPF debería ser el adecuar la carga tributaria de cada contribuyente a su capacidad de pago, y no una menor tributación generalizada, que, aunque sea una propuesta muy populista y fácil de vender, no es lo mejor para un modelo de sociedad más igualitario. UGT ha entregado ya al Gobierno vasco sus propuestas para una normativa más justa y solidaria del IRPF. En primer lugar, para no reducir la progresividad del impuesto y que pague más el que más ingresos obtiene, consideramos imprescindible no rebajar los tramos en la escala, que de 16 que tenía hace tres años se quiere reducir a 6 tramos. Hemos señalado que la única forma de no violar el principio de equidad horizontal es que todas las retenciones sean progresivas para todos los contribuyentes, también para los profesionales y aquellos que obtienen sus rentas del capital. Y es necesario también eliminar los sistemas de estimación indirecta de rentas, que se realizan mediante índices o módulos. En cuanto a la vivienda, UGT defiende una deducción mayor que la prevista en el Libro Blanco para la adquisición de una vivienda habitual, sin que salgan perjudicados ni los que están en estos momentos pagando sus créditos hipotecarios ni aquellos que van a adquirir su vivienda habitual a partir de ahora. Nuestro sindicato considera que se debe seguir manteniendo la exención de las indemnizaciones por despido y apuesta porque las prestaciones y subsidios de desempleo queden exentos del IRPF; bastante se han rebajado ya las propias prestaciones con el decretazo para las personas que tienen la desgracia de no encontrar empleo. Y hay otras cuestiones que también nos preocupan. Se pretende eliminar la deducción por gastos de enfermedad para los servicios necesarios que no cubre la Seguridad Social, fundamentalmente de servicios de dentistas y ópticos. Estas deducciones deberían mantenerse como mal menor en tanto no se consiga que estén atendidos directamente por nuestro sistema de Seguridad Social público. Se podría decir que las instituciones vascas han echado menos agua al vino que el Gobierno central en su proyecto de reforma del IRPF, al haber aprobado una rebaja de impuestos inferior y al haber disminuído la progresividad en menor medida. Pero el caso es que también le han echado agua al vino, beneficiando a las rentas más altas y especialmente a las procedentes de actividades empresariales y rentas del capital. En cualquier caso, para conseguir una verdadera equidad habría que atajar el elevadísimo nivel de fraude que soporta nuestra comunidad autónoma, estimado en cerca de un 9% del PIB (casi medio billón de pesetas), y que se centraliza en unas actividades ampliamente conocidas y consentidas. UGT Euskadi ha hecho una amplía y concreta propuesta en este sentido. Se debe llevar a cabo una mayor inspección, con objetivos claramente cuantificados en cada ejercicio, cuyos resultados finales de cumplimiento se hagan públicos, y, entre otras medidas, revisar el sistema de sanciones para aumentarlas.

Carlos Trevilla Acebo es secretario general de UGT Euskadi.