El presidente reconoce que algunos cursos son de poca utilidad
VIENE DE LA PÁGINA 1 Las principales irregularidades descubiertas en el Consorcio de Promoción Turística de Cataluña por la propia Intervención de la Generalitat son el pago de 200 millones de pesetas en cinco años por informes realizados por empresas vinculadas a ex directivos del Departartamento de Turismo. También se ha descubierto que Joan Cogul, el ex director del Consorcio, contrataba los servicios de una firma de su esposa en Reus. Pujol defendió en el Parlament los mecanismos de control sobre las ayudas para la formación de parados con el argumento de que se revocaron ayudas por valo...
VIENE DE LA PÁGINA 1 Las principales irregularidades descubiertas en el Consorcio de Promoción Turística de Cataluña por la propia Intervención de la Generalitat son el pago de 200 millones de pesetas en cinco años por informes realizados por empresas vinculadas a ex directivos del Departartamento de Turismo. También se ha descubierto que Joan Cogul, el ex director del Consorcio, contrataba los servicios de una firma de su esposa en Reus. Pujol defendió en el Parlament los mecanismos de control sobre las ayudas para la formación de parados con el argumento de que se revocaron ayudas por valor de 1.905 millones de pesetas a centros que no cumplieron las normas. Pero aceptó que algunos de los cursos que se imparten con fondos de la Generalitat pueden ser de poca utilidad en relación a lo que demandan las empresas. Los diputados del PSC y ERC, Josep Maria Rañé y Josep Huguet reprocharon al gobierno catalán que los cursos no son eficaces y existe poco control sobre ellos. El portavoz del PP, Josep Curto, cargó contra el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dependiente de la Generalitat y señaló que "no tiene solvencia moral ni profesional" para gestionar los 25.000 millones de pesetas de créditos que el plan de empleo prevé para financiar a las empresas que creen empleo. Estos fondos serán aprotados por el ICF en condiciones financieras favorables para las empresas que creen empleo. La oposición en pleno intentará en los próximos dias que el grupo de Convergència i Unió (CiU), que apoya al Gobierno, acepte que la Sindicatura de Cuentas revise los fondos de formación de los últimos años. Fuentes del PSC afirmaron que todos los grupos, salvo CiU, han consensuado una proposición no de ley para que el Parlament la apruebe. Esta proposición está siendo negociada con el propio grupo parlamentario de CiU. Si no hay acuerdo, el objetivo es presententarla para que la cámara la apruebe
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