Egea alerta contra los intentos de "politizar" el uso del euskera en la Justicia. Egea recalca que lo que vulnera derechos son las amenazas, y no el uso de traductor en los juicios
El consejero de Justicia, el socialista Francisco Egea, alertó ayer contra los "intentos de politización" del proceso de euskaldunización de la Administración de Justicia que, a su juicio, se derivan de "las coacciones y amenazas" que están sufriendo algunos jueces vascos. Egea manifestó en Vitoria su preocupación por "la frescura con la que políticos de altura opinan sobre una cuestión que es compleja y difícil y que requiere su tiempo y mucha serenidad". El titular de Justicia rechazó las amenazas vertidas contra miembros de la judicatura del País Vasco en panfletos y carteles aparecidos en ...
El consejero de Justicia, el socialista Francisco Egea, alertó ayer contra los "intentos de politización" del proceso de euskaldunización de la Administración de Justicia que, a su juicio, se derivan de "las coacciones y amenazas" que están sufriendo algunos jueces vascos. Egea manifestó en Vitoria su preocupación por "la frescura con la que políticos de altura opinan sobre una cuestión que es compleja y difícil y que requiere su tiempo y mucha serenidad". El titular de Justicia rechazó las amenazas vertidas contra miembros de la judicatura del País Vasco en panfletos y carteles aparecidos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de San Sebastián.El consejero de Justicia, Francisco Egea, señaló que el uso de traductores de euskera en los juicios "no supone una vulneración de derechos fundamentales como sí lo son las amenazas". Los jueces y magistrados de la Audiencia de San Sebastián expresaron el pasado jueves en cun comunicado su desacuerdo con la actitud del Consejo General del Poder Judicial ante los expedientes que han abierto a los abogados euskaldunes que no aceptan los jucios bilingües. De los 109 juicios penales con intérprete celebrados entre noviembre de 1997 y febrero pasado se produjeron incidentes en siete, todos ellos en Guipúzcoa y relacionados con casos de desórdenes, insumisión y apología del terrrorismo. Egea también respondió a las críticas que los magistrados de la Audiencia de San Sebastián vertieron hace unos días contra la gestión de la consejería de Justicia en un comunicado en el que pedían a este departamento que "arbitre las medidas y proporcione los medios materiales y personales precisos para garantizar el derecho del ciudadano a usar el euskera en sus relaciones con la Administración de Justicia" y, en general, que afronte "sus responsabilidades" en la normalización lingüística. El consejero pidió mayor concreción sobre "los puntos" en que su departamento no está cumpliendo su responsabilidad y aseguró que éste se ha pronunciado en reiteradas ocasiones "en relación a la normalización del euskera en el ámbito de la justicia" y ha trabajado permanentemente "en función de las preocupaciones que trasladan las distintas instancias judiciales". Egea pidió un "voto de confianza al trabajo que se está realizando". Como ejemplo del interés de su departamento en potenciar el uso del euskera en la Administración de Justicia, el consejero recordó el congreso sobre este asunto celebrado el año pasado en Vitoria y la reciente creación de una comisión interinstitucional para promover ese objetivo. Todo ello refleja, dijo, el deseo por conseguir que la normalización lingüística se realice "con la máxima rapidez, combinando la máxima serenidad, eficacia y consenso". En el mismo acto en que intervino Egea, el presidente de la Audiencia de Álava, Juan Saavedra, recordó que la legalidad en este asunto "está perfectamente definida e incluso interpretada por el Tribunal Constitucional". "El resto entiendo que es política", añadió. Saavedra concluyó que la cuestión "excede del campo de la actuación de los jueces y, si puede implicar un desarrollo anormal del funcionamiento del ejercicio de la justicia, el Gobierno, autonómico o estatal, debe garantizar la normalidad". Propuesta del PP Las dos principales asociaciones de jueces terciaron también en la polémica. La mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura instó en cun comunicado al CGPJ y al Ministerio Fiscal para que adopte "las medidas necesarias que permitan que el Poder Judicial se ejerza" en el País Vasco "con las debidas garantías". La asociación expresó su "más enérgica repulsa" por la distribución de las octavillas y pasquines amenazadores, cuya autoría rechazó ayer el Sindicato de Abogados Euskaldunes. Jueces para la Democracia en el País Vasco, asociación minoritaria y progresista, calificó de "absolutamente deplorables e inadmisibles" los pasquines contra los jueces y expresó su solidaridad y ánimo para todos sus compañeros "víctimas de esta campaña". El coordinador general de IU en Guipúzcoa, Antton Karrera, advirtió que las amenazas contra los jueces sólo contribuyen a perjudicar el euskera y a crear animadversión hacia esta lengua entre los magistrados. Mientras, el PP presentó una proposición no de ley en el Parlamento vasco pidiendo la solidaridad de la Cámara con los profesionales de la judicatura.