El aumento de beneficiarios del "salario social" fue en 1997 el menor desde su inicio
Más de 16.000 hogares vascos (en concreto, 45.990 personas) se beneficiaron en 1997 del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), el llamado salario social, que garantiza el cobro de 41.500 pesetas al mes por persona. El año pasado fue el de menor crecimiento del número de familias acogidas al plan (un 2,6% más que en 1996) desde que éste se puso en marcha en 1989. Los incrementos en los años 1993 y 1994 llegaron a superar el 20%. La Administración vasca desembolsó por este concepto el año pasado 7.060 millones de pesetas.
El viceconsejero de Asuntos Sociales, Jesús Loza, presentó ayer en Bilb...
Más de 16.000 hogares vascos (en concreto, 45.990 personas) se beneficiaron en 1997 del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), el llamado salario social, que garantiza el cobro de 41.500 pesetas al mes por persona. El año pasado fue el de menor crecimiento del número de familias acogidas al plan (un 2,6% más que en 1996) desde que éste se puso en marcha en 1989. Los incrementos en los años 1993 y 1994 llegaron a superar el 20%. La Administración vasca desembolsó por este concepto el año pasado 7.060 millones de pesetas.
El viceconsejero de Asuntos Sociales, Jesús Loza, presentó ayer en Bilbao los últimos datos del Plan Integral contra la Pobreza de Euskadi. El 2,4% de los hogares vascos recibió el año pasado el salario social, de los que un 65,4% se ubica en Vizcaya; el 24%, en Guipúzcoa, y el 10,5%, en Álava. Por zonas, Bilbao y la Margen Izquierda concentran el mayor número de personas que reciben el IMI. De los hogares beneficiados, el 55,7% tiene a un hombre por cabeza de familia y el 44,3%, a una mujer, informa Efe. El 35,5% constituyen familias monoparentales, cuyo responsable está divorciado en un 58,6% de los casos. Los 7.060 millones pagados por la Administración suponen un 3% más que el año precedente. La cuantía media pagada por unidad familiar ascendió a 45.950 pesetas mensuales. Loza resaltó que el objetivo fundamental del plan, además de las ayudas económicas, es conseguir que el mayor número de familias posible pueda llegar a prescindir de estas prestaciones y evitar así que la situación de pobreza se vuelva crónica. El viceconsejero resaltó que en este último caso se halla el 20% de los beneficiarios, mientras que otro 60% ha accedido en alguna ocasión a algún tipo de empleo retribuido. Loza resaltó que estos datos evidencian que no se pueden aplicar a estos colectivos el "prejuicio generalizado" de que no intentan salir de su situación. Respecto a las Ayudas Económicas a Situaciones de Emergencia Social (AES), que, a diferencia del salario social, cubren necesidades básicas puntuales, en 1997 el Gobierno vasco destinó a las mismas 1.800 millones de pesetas, que se complementaron con otros 249 millones procedentes de la Diputación de Alava y el Ayuntamiento de Vitoria. Esta prestación benefició a 13.100 hogares, de los que un 86,7% dedicó estas ayudas a cubrir necesidades de vivienda. Estas cifras demuestran, según Loza, que, aunque mejora la economía, la bonanza no incide ni en el empleo ni en la disminución de las personas que necesitan ayudas para sobrevivir. El viceconsejero hizo una encendida defensa de la necesidad no sólo de mantener este gasto social, sino de incrementarlo porque, según recalcó, las 41.500 pesetas mensuales por persona "no dan para mucho". Como ejemplo citó que de los 30.000 hogares vascos que se sitúan en niveles de pobreza y subsisten con ayudas asistenciales, el 29,3% carece de agua caliente; el 18,5%, de bañera o ducha y el 58,2% dispone de menos de 20 metros cuadrados por persona.