El senador canario investigado contrató a un electricista para hacer informes de obras

Un perito electricista ha redactado durante 10 años los informes técnicos preceptivos para otorgar las licencias de obras del Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, cuyo alcalde es el senador del PP Domingo González Arroyo, investigado por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por presuntas irregularidades urbanísticas. El dirigente popular ha sido denunciado por su arquitecto municipal, militante de su mismo partido, quien le acusa de tráfico de influencias y asegura que ha convertido la corporación municipal en un negocio privado. José Miguel Bravo de Laguna, ...

Un perito electricista ha redactado durante 10 años los informes técnicos preceptivos para otorgar las licencias de obras del Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, cuyo alcalde es el senador del PP Domingo González Arroyo, investigado por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por presuntas irregularidades urbanísticas. El dirigente popular ha sido denunciado por su arquitecto municipal, militante de su mismo partido, quien le acusa de tráfico de influencias y asegura que ha convertido la corporación municipal en un negocio privado. José Miguel Bravo de Laguna, presidente regional del Partido Popular, ha anunciado la apertura inmediata de una investigación interna.

Casto Martínez Berriel, arquitecto municipal de La Oliva hasta el pasado mes de enero, presentó un escrito el pasado 27 de febrero ante el fiscal jefe del TSJC en el que señala que el senador popular ha establecido un procedimiento de concesión de licencias "incompatible con la legalidad vigente". En la denuncia cita testimonios de cíudadanos que acudían a su oficina técnica y le relataban pagos ilegales de 123 millones al alcalde por gestiones administrativas y licencias de construcción. La Oliva tiene 9.000 habitantes y genera una gran actividad urbanística gracias al turismo.El denunciante señala que fue contratado por el Ayuntamiento en octubre de 1997 para crear la oficina técnica y que hasta ese momento los informes preceptivos para otorgar las licencias los efectuaba Juan Francisco Carballo del Toro, un funcionario contratado por el alcalde, cuya cualificación profesional es la de perito electricista. La Ley de Disciplina Urbanística de Canarias establece que deberá ser un técnico competente y cualificado el que redacte estos informes. Es decir, un arquitecto o un ingeniero de caminos.

Martínez Berriel, hijo de un antiguo presidente del PP en Fuerteventura, asegura que los informes jurídicos necesarios para la concesión de las licencias "estaban prefabricados y firmados en blanco; simplemente se les añadía el nombre del titular de la licencia". Estos últimos informes jurídicos los elaboraba hasta hace unos meses Antonio González, un abogado primo del alcalde y senador popular, que vive entre Miami y Cuba.

Carballo, asesor del alcalde desde hace 10 años, reconoce haber firmado los informes técnicos para otorgar licencias de obras y asegura que su tarea es de mero asesoramiento. "Corcuera también era electricista y llegó a ser ministro. Yo soy ingeniero técnico industrial en la rama de electricidad y estoy capacitado para ello. Además, al no disponer de arquitecto y aparejador fijo no tendríamos ni que hacer informes técnicos". La asesoría jurídica del Colegio de Arquitectos de Las Palmas señala, por el contrario, que únicamente los arquitectos e ingenieros de caminos tienen competencias en este terreno.

Martínez Berriel afirma en su denuncia que desde el Ayuntamiento "se lanzan órdagos con amenazas constantes de próximas desclasificaciones de suelo, parapetados en la revisión de las normas subsidiarias, con el fin presuntamente de obtener contraprestaciones de los propietarios de esos suelos".

Entre los documentos que ha aportado al fiscal figura un expediente informado desfavorablemente por el arquitecto municipal el 8 de noviembre de 1997 y al que dos semanas después se añadió un contrainforme del arquitecto madrileño Alfonso Gómez Gil. Informe este último en manifiesto desacuerdo con las ordenanzas, según el denunciante.

"Este arquitecto, del que el alcalde dice 'No hay problema; esto lo firma don Alfonso que por su edad no va a la cárcel', informa con frecuencia expedientes contra el planeamiento" y a favor de supuestos amigos o allegados del alcalde del PP. Gómez Gil es el arquitecto redactor de las vigentes normas subsidiarias municipales, adjudicadas sin concurso.

El denunciante afirma que es práctica generalizada del Ayuntamiento sacar a pública subasta propiedades embargadas a propietarios "indebidamente notificados" y luego llamar a posibles adjudicatarios expresamente señalados, "con lo que se propicia un cambio de propietarios de personas muertas, sin herederos, residentes en el extranjero, a personas concretas, inversores conocidos y que tienen una supuesta relación con el alcalde". El arquitecto dice que se detectan a esta clase de propietarios mediante las listas de recaudación ejecutiva y se instrumentan expedientes de dominio de forma teledirigida. Asimismo asegura que merece una especial atención la "dejación de las obligaciones del Ayuntamiento con la tutela de espacios naturales especialmente protegidos, el lamentable estado de la montaña de Tindaya, y licencias otorgadas de forma indebida en el parque natural de Las Dunas de Corralejo y en varias canteras.

El ex jefe de la oficina técnica añade que en la corporación nunca se sacan obras a concurso. Y remata su denuncia reflejando en la misma "el inmenso patrimonio del alcalde obtenido, según parece, sólo con su sueldo".