El parto de los montes

Critica Horacio en su Arte Poética a aquellos escritores que anuncian pomposa y solemnemente que van a realizar una gran obra y, al final, parturiunt montes, nascetur ridiculus mus ("se ponen de parto los montes y nace un ridículo ratón"). Las reformas que ha hecho este Gobierno hasta ahora en el sistema nacional de I + D pertenecen a esta categoría literaria y sus frutos son una serie de ridículos ratones. Veámoslos.Uno. En el primer decreto que promulgó el Gobierno (Real Decreto 765/1996 de 7 de mayo) se establecía que "el Gobierno (en un plazo de seis meses) refundirá en el Co...

Critica Horacio en su Arte Poética a aquellos escritores que anuncian pomposa y solemnemente que van a realizar una gran obra y, al final, parturiunt montes, nascetur ridiculus mus ("se ponen de parto los montes y nace un ridículo ratón"). Las reformas que ha hecho este Gobierno hasta ahora en el sistema nacional de I + D pertenecen a esta categoría literaria y sus frutos son una serie de ridículos ratones. Veámoslos.Uno. En el primer decreto que promulgó el Gobierno (Real Decreto 765/1996 de 7 de mayo) se establecía que "el Gobierno (en un plazo de seis meses) refundirá en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquellos organismos autónomos, adscritos a los diferentes departamentos ministeriales, que desarrollen actividades de investigación o experimentación". Exactamente 11 meses después de esta pomposa declaración, el resultado era otro decreto (el Real Decreto 574/1997 de 18 de abril) que se limitaba a crear un modesto Comité de Coordinación Funcional de Organismos Autónomos de Investigación y Experimentación que apenas se ha reunido, sumido como está en una duda existencial sobre su razón de ser y sus funciones.

Dos. En el programa electoral del Partido Popular se decía que "se otorgará a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, a sus organismos consultores, así como a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva el rango político y el marco jurídico, competencial y político adecuados, a fin de potenciar su actividad, estableciendo los mecanismos de coordinación interministerial y con las restantes admínistraciones públicas". En la Ley de Acompañamiento de 1996 (Ley 13/1996 de 30 de diciembre) esta ambiciosa propuesta programática se materializaba en un artículo 155 que modificaba los apartados uno y dos del artículo 7 de la Ley de la Ciencia para permitir que presidiese la CICYT "el presidente o vicepresidente del Gobierno en quien delegue".

Y tres. El 22 de septiembre pasado se celebró un pleno de la CICYT y en él los ministerios de Industria y Energía, por una parte, y Educación y Cultura, por otra, presentaron sendos documentos sobre el sistema de I + D que ofrecían notables divergencias y grandes lagunas. El presidente (de la CICYT y del Gobierno) criticó con insólita franqueza la falta de acuerdo y maduración de los documentos ministeriales y anunció solemnemente que él mismo se encargaría de diseñar el modelo de reestructuración del sistema de I + D. En el siguiente pleno de la CICYT, el 11 de diciembre, el presidente alumbró su modelo: se crea una Oficina de I + D, de pendiente de la Presidencia, con rango de Dirección General y sin aumento del gasto público.

El 30 de enero, el Consejo de Ministros creaba la oficina. Esta oficina del señor Aznar no suma nada al sistema de I + D; le resta fuerza. Se ha construido con los materiales de derribo de la Secretaría General del Plan Nacional de I + D a la que se fracciona en dos partes: la Dirección General, dos subdirecciones, una vocalía asesora y una quincena de funcionarios se van a la flamante Oficina de CyT (¿en un traslado sin movimiento de prenda?). Las otras dos subdirecciones, con sus departamentos, personal y presupuestos, pasan a depender de la Dirección General de Enseñanza Superior a la que se le añade un vergonzante "y de Investigación Científica".

La cuestión que debe debatirse no es, sin embargo, si los cambios introducidos son profundos o superficiales, sino si eran necesarios y si son útiles. ¿Era necesario fundir a todos los OPIS en un macroorganismo multiforme? ¿Es útil el Comité de Coordinación que se ha creado? ¿Era necesario cambiar la estructura de la CICYT y de la Secretaría General del Plan? ¿Va a ser útil la Oficina de Ciencia y Tecnología recién creada?

Hay, además, otras preguntas que debemos planteamos: ¿Cree alguien, de verdad, que una simple Dirección General, con un modesto presupuesto y una quincena de funcionarios va a poder coordinar a los ministerios que financian I +D con cargo a la Función 54? ¿Tiene algún sentido que subsista una Secretaría de Estado con una sola Dirección General? Parecen preguntas elementales, que los gobernantes debían plantearse, antes de acometer cambios institucionales que, en el mejor de los casos, terminan alumbrando ridículos ratones y, en el peor, destruyendo lo que con tanto esfuerzo se había conseguido.