Archivado el caso de sabotaje en la fábrica nuclear de Juzbado
La Audiencia Provincial de Salamanca ha dispuesto el archivo de la denuncia presentada por la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) en la que se acusaba al trabajador Manuel Méndez Acosta del sabotaje ocurrido hace un año en la fábrica de elementos combustibles nucleares de Juzbado (Salamanca).
El auto dictado por la Audiencia Provincial señala que "a pesar de las investigaciones realizadas por sus propios medios [los de Enusa], por ser los más adecuados, no se consigue demostrar que el denunciado Manuel Méndez Acosta haya sido el causante puntual y efectivo de semejantes daños".
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La Audiencia Provincial de Salamanca ha dispuesto el archivo de la denuncia presentada por la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) en la que se acusaba al trabajador Manuel Méndez Acosta del sabotaje ocurrido hace un año en la fábrica de elementos combustibles nucleares de Juzbado (Salamanca).
El auto dictado por la Audiencia Provincial señala que "a pesar de las investigaciones realizadas por sus propios medios [los de Enusa], por ser los más adecuados, no se consigue demostrar que el denunciado Manuel Méndez Acosta haya sido el causante puntual y efectivo de semejantes daños".
Por parte de la Audiencia también se establece que la herramienta que se apunta que empleó Méndez Acosta para dañar las varillas con uranio enriquecido pudo ser empleada "por cualquier otro empleado".
La decisión de la Audiencia Provincial contrasta con la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Salamanca, que recientemente acogió los razonamientos de Enusa y declaró procedente el despido del trabajador. La sentencia fue recurrida la semana pasada, con el planteamiento fundamental de "falsedad en la prueba pericial".
Según Enusa, hace un año en la sección de rayos X de la fábrica de Juzbado se dañaron seis varillas o barras de circaloy (aleación especial) que se integraron en elementos combustibles nucleares remitidos a la central nuclear de Cofrentes (Valencia), propiedad de Iberdrola. Esta empresa señaló que, si no se hubiera detectado el deterioro, se habrían causado pérdidas por valor de unos 4.200 millones de pesetas.