El presidente del PP de El Ejido, investigado ,por una presunta estafa de 6.000 millones

El juzgado de instrucción número 1 de El Ejido (Almería) ha admitido a trámite la querella presentada contra el presidente local del Partido Popular, Antonio Góngora Rubio, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y apropiación indebida, que podrían haber sido cometidos por las empresas que ha dirigido si se comprueba que realizó operaciones comerciales sin declarar el IVA. Según el demandante, la presunta estafa al erario público podría ascender, desde 1991 a 1996, a 6.000 millones de pesetas.La comparecencia de Antonio Góngora, que también ocupa cargos en la dirección del P...

El juzgado de instrucción número 1 de El Ejido (Almería) ha admitido a trámite la querella presentada contra el presidente local del Partido Popular, Antonio Góngora Rubio, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y apropiación indebida, que podrían haber sido cometidos por las empresas que ha dirigido si se comprueba que realizó operaciones comerciales sin declarar el IVA. Según el demandante, la presunta estafa al erario público podría ascender, desde 1991 a 1996, a 6.000 millones de pesetas.La comparecencia de Antonio Góngora, que también ocupa cargos en la dirección del PP almeriense como coordinador general, ante el juez Antonio Alcázar, prevista para ayer, fue aplazada hasta la segunda quincena de febrero. El dirigente popular será el primero de los cinco acusados en prestar declaración sobre los hechos que le imputa José Nicolás González Fernández, accionista de las sociedades Femago y Uniagro, que fue despedido en septiembre de 1996. Antonio Góngora, que prefirió aplazar las declaraciones hasta conocer los cargos que se le imputan, no recordaba ayer la fecha exacta de su abandono de la presidencia de Femago, aunque sigue vinculado al equipo directivo como consejero y accionista.

La querella también va dirigida contra Francisco Carlos Maleno Urola, Antonio Maleno Cantón y Luis García Proenza, miembros del consejo de administración, y José María Díaz Suárez, administrador único de las sociedades hasta 1995. Tanto Femago como su filial Uniagro se dedican a la comercialización hortofrutícola en El Ejido. La primera opera como una alhóndiga, una subasta donde se adquiere género a los pequeños productores que posteriormente se distribuye al mercado nacional, mientras que la segunda se dedica a la exportación de frutas y hortalizas.

Pedro Antonio Montero Marín, abogado de la parte querellante, calcula que, sólo en El Ejido, fueron entre 3.000 y 4.000 los agricultores que vendieron sin IVA a instancias de los responsables de la alhóndiga, que decidía las partidas por las que tributaban el Impuesto de Valor Añadido (IVA) y cuáles no. El letrado asegura que las anomalías fiscales de las empresas llegaron hasta tal punto que Hacienda levantó actas de infracciones por 1.200 millones de pesetas, aunque la sanción quedó posteriormente en 120 millones". Montero anunció que ha solicitado la personación del abogado del Estado en estas diligencias dada la complejidad del caso.

El procedimiento judicial contra los directivos de Uniagro y Femago se inició en 1997 con la interposición de sendas querellas criminales ante los juzgados centrales de instrucción por supuestos delitos de falsedad, contra la Hacienda Pública, estafa y apropiación indebida, que dieron lugar a la apertura de diligencias en los juzgados centrales 1 y 4. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la inhibición del juzgado central número 1, donde se acumularon las querellas, y trasladó las actuaciones a los órganos judiciales de Almería.