Andalucía recurre al Constitucional la Ley de Parques Nacionales

La Junta de Andalucía cuenta con el visto bueno del Consejo Consultivo autonómico para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Parques Nacionales. Entiende que, siendo una norma básica, hace una excepción con el parque de Aigües Tortes situado en territorio catalán. El recurso se presentará antes del 6 de febrero, según afirmó ayer en Madrid el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Luis Blanco.

Aigües Tortes está gestionado por la Generalitat de Cataluña. Pese a ello, se ha reintegrado a la Red de Parques Nacionales en función de la excepción que permite la modificaci...

La Junta de Andalucía cuenta con el visto bueno del Consejo Consultivo autonómico para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Parques Nacionales. Entiende que, siendo una norma básica, hace una excepción con el parque de Aigües Tortes situado en territorio catalán. El recurso se presentará antes del 6 de febrero, según afirmó ayer en Madrid el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Luis Blanco.

Aigües Tortes está gestionado por la Generalitat de Cataluña. Pese a ello, se ha reintegrado a la Red de Parques Nacionales en función de la excepción que permite la modificación de la Ley 4/ 89. Este privilegio catalán, según el consejero andaluz, planteará problemas cuando se incorporen nuevos parques a la Red Nacional como es el caso de Sierra Nevada, todo él en territorio andaluz.

Blanco mantuvo ayer una reunión con sus homólogos de Castilla-La Mancha y Extremadura, para concertar la postura que plantearán hoy en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente que ha convocado la ministra Isabel Tocino en Santander. Esa posición se expresa en un rechazo a la política de este ministerio. Se ha reducido la participación ciudadana y se paralizan las actuaciones pendientes en políticas de aguas.

Según el PSOE el Reglamento de Envases que será debatido hoy carece de mecanismos para evaluar el coste de su recogida, así como la publicidad que requerirá concienciar a los ciudadanos de los cambios de conducta que implica. Esta ausencia se atribuye a que el Gobierno apuesta por su incineración.