Hacienda destapa una estafa de 1.000 millones mediante el uso de sellos falsos.
El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid investiga a Grupo de Gestión, SA (sociedad en trámites de disolución, según el Registro Mercantil), por una presunta estafa en el pago de distintos impuestos.
El fraude se hacía mediante la falsificación de sellos oficiales de la Comunidad de Madrid para acreditar el abono de tributos regionales. Dicho abono nunca se produjo.
Las supuestas prácticas irregulares de la sociedad afectan a 450 particulares, según fuentes jurídicas. La cantidad estafada a los particulares y defraudada a la Administración pública asciende a 1.000 millon...
El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid investiga a Grupo de Gestión, SA (sociedad en trámites de disolución, según el Registro Mercantil), por una presunta estafa en el pago de distintos impuestos.
El fraude se hacía mediante la falsificación de sellos oficiales de la Comunidad de Madrid para acreditar el abono de tributos regionales. Dicho abono nunca se produjo.
Las supuestas prácticas irregulares de la sociedad afectan a 450 particulares, según fuentes jurídicas. La cantidad estafada a los particulares y defraudada a la Administración pública asciende a 1.000 millones de pesetas.
La policía destapó las presuntas anomalías tras recibir la denuncia de que una imprenta había recibido un encargo sospechoso para fabricar un tampón oficial del departamento de Hacienda de la Comunidad de Madrid. El descubrimiento fue casual. Hacienda recibió hace seis meses una llamada telefónica de los encargados una imprenta privada en la que les informaban sobre un tampón supuestamente encargado por la consejería y que había ido a recoger.
Hacienda comprobó que se había hecho tal encargo y empezó a sospechar. El 20 de junio de 1997, Enrique Osorio, entonces director general de Tributos de la Comunidad, denunció este hecho ante la Dirección General de la Policía. Osorio explicó en su denuncia que el encargo a la imprenta era una placa de latón que se unía a otro elemento fijo con la inscripción "Comunidad de Madrid. Dirección General de Tributos.Impuesto de sucesiones y donaciones".
Esta pieza es uno de los componentes de la máquina Reiner que sirve para sellar escrituras sujetas al pago del impuesto de sucesiones y donaciones y que acredita que el tributo ha sido abonado a la Administración. Con este certificado, la operación ya puede ser inscrita en el Registro de la Propiedad.
Osorio aclaró a la policía que la única institución autorizada para encargar y utilizar ese tipo de material era la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. En su denuncia, Osorio apuntó que su departamento desconocía el alcance económico del presunto fraude a la Administración regional ocasionado por la falsificación de este tipo de material.
Los agentes se pusieron en marcha y, tras diversas comprobaciones, localizaron la dirección de la gestoría que había intentado comprar el tampón oficial de la Dirección General de Tributos de la Comunidad.
La Comunidad localiza hasta 225 casos de fraude fiscal desde 1994
Tras registrar la sede de la gestoría y requisar sus bases de datos, los agentes policiales cotejaron las diversas operaciones tramitadas por la gestoría Grupo de Gestión con las bases de datos de la Consejería de Hacienda.Al cruzar los datos descubrieron que en Hacienda no figuraba el pago del impuesto de sucesiones y de transmisiones patrimoniales que, supuestamente, había hecho la gestoría en nombre de sus clientes.
El análisis de los datos ha puesto al descubierto hasta el momento (aún faltan por analizar los datos del primer semestre de 1997) 225 casos de presunto fraude fiscal. Algunas de las operaciones irregulares se remontan a 1994. La Administración central también se ha visto perjudicada a través de falsificaciones en el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.
La estafa era sencilla. La gestoría cobraba a sus clientes el dinero para abonar los tributos regionales. Pero no interesaba este dinero en la Consejería de Hacienda, sino que se quedaba con él. Para que el cliente no sospechara, la gestoría utilizaba sellos falsificados de la Dirección General de Tributos y falsificaba también la validación bancaria sobre los impresos oficiales del impuesto y sobre las escrituras.
Uno de los presuntos estafados, responsable de la Oficina de Turismo de Marruecos, situada en la calle de Ventura Rodríguez, junto a una de las sedes de la gestoría, confirmó ayer que hace dos años había comprado un piso y ahora se había enterado de las presuntas irregularidades en esa operación "por parte de uno de los empleados de la gestoría". El juzgado está llamando a declarar estos días a los posibles damnificados.
Cinco implicados
Los implicados en el presunto fraude son cinco, a los que se les han aplicado medidas cautelares, según fuentes jurídicas. Los responsables de Grupo de Gestión no estaban inscritos en el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, según explicó este organismo al juzgado de instrucción.
La Consejería de Hacienda piensa reclamar el pago del impuesto del transmisiones a todos los presuntamente estafados por la gestoría, aunque todavía no puede hacerlo. "Hasta que el juzgado resuelva si los documentos sobre el pago de impuestos fueron falsificados, no podemos ni siquiera dirigirnos al contribuyente para reclamarle el dinero que debe", señalaron ayer fuentes autonómicas.
El descubrimiento del presunto fraude cometido en los cuatro últimos años fue casual, aunque los responsables de Hacienda consideran que tarde o temprano hubieran averiguado "la trampa" por el impago del impuesto. Hacienda está negociando con el Registro de la Propiedad para que le suministre información de todas las operaciones inmobiliarias que se producen en Madrid, que están obligadas al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales.
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