Al final, nada
LA PRESUNTA "amnistía fiscal" para favorecer "a los amiguetes del PSOE", según declararon de forma abusiva desde el presidente del Gobierno, José María Aznar, y miembros del Gobierno hasta destacados políticos del PP, se ha quedado en nada, como era de prever. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Baltasar Garzón que se archive la causa abierta para esclarecer esta supuesta amnistía que, de acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno, retrasó el trámite de expedientes hasta forzar la prescripción de 600 expedientes equivalentes a unos ingresos superiores a los 200.000 millones. El...
LA PRESUNTA "amnistía fiscal" para favorecer "a los amiguetes del PSOE", según declararon de forma abusiva desde el presidente del Gobierno, José María Aznar, y miembros del Gobierno hasta destacados políticos del PP, se ha quedado en nada, como era de prever. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Baltasar Garzón que se archive la causa abierta para esclarecer esta supuesta amnistía que, de acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno, retrasó el trámite de expedientes hasta forzar la prescripción de 600 expedientes equivalentes a unos ingresos superiores a los 200.000 millones. El ministerio público expone claramente que "no aparece acreditada la Comisión de hechos delictivos, ni por los titulares de los expedientes fiscales prescritos ni por los responsables de la Agencia Tributaria" y que no cabe hablar de "prevaricación administrativa".Estamos ante un desmentido judicial en toda regla a las irresponsables acusaciones de fraude lanzadas sin pruebas por el Gobierno y el PP. No se trata, evidentemente, de un error sin importancia. Distintos portavoces del PP acusaron a la Administración anterior, personificada directamente en Juana Lázaro como máxima responsable de la Agencia Tributaría en el último Gobierno de Felipe González, de haber cometido un delito de fraude y prevancación, a pesar de que carecían de indicios y pruebas para semejantes acusaciones. Confundieron interesadamente retrasos en el plazo de resolución y liquidación de las actas, modificado por los tribunales, con actos de prevaricación. Esta confusión es inadmisible, por cuanto que las delirantes acusaciones de "amnistía fraudulenta" de mantuvieron incluso tiempo después de que algunos altos cargos del Gobierno, como el secretario de Estado Juan Costa, admitieran que no hubo "irregularidades".
Éste sería el momento de que el Gobierno -con grandeza- reconociera su error y pidiera las excusas pertinentes por sus acusaciones infundadas y a todas luces maliciosas. Sería una demostración aceptable de que este Gobierno -y su portavoz parlamentario y el coordinador general del partido- no está ofuscado por un ánimo sectario. Por cierto: ¿qué pasó con el expediente abierto al primer responsable de la Agencia Tributaría con este Gobierno, anunciado en el Parlamento con bombo y platillos por el secretario de Estado de Hacienda? Jamás se ha vuelto a saber nada de él.