La financiación parcial de algunas medicinas elevará sus precios antes de seis meses

El PSOE pide que el nuevo modelo de financiación sanitaria sólo dure un año

Antes de seis meses, las farmacias tendrán a la venta algunas medicinas que no serán costeadas en su totalidad por la Seguridad Social, según avanzó ayer el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría. Habrá un precio de referencia, el del fármaco genérico equivalente -con el mismo principio activo y un 20% más barato-, y ése será el que abonará Sanidad. La diferencia, si la medicina elegida es más cara, deberá pagarla el ciudadano de su bolsillo.

Los precios de referencia se implantarán, "en el próximo semestre", dijo ayer el ministro, a medida que aparezcan en el mercado los nuevo...

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Antes de seis meses, las farmacias tendrán a la venta algunas medicinas que no serán costeadas en su totalidad por la Seguridad Social, según avanzó ayer el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría. Habrá un precio de referencia, el del fármaco genérico equivalente -con el mismo principio activo y un 20% más barato-, y ése será el que abonará Sanidad. La diferencia, si la medicina elegida es más cara, deberá pagarla el ciudadano de su bolsillo.

Los precios de referencia se implantarán, "en el próximo semestre", dijo ayer el ministro, a medida que aparezcan en el mercado los nuevos genéricos. En estos momentos hay 22 aprobados, y otros 51 están a falta sólo de fijar precio. Romay se comprometió a que antes de finalizar el año estarán listos en torno a un centenar.Se trata de una medida más de racionalización del gasto en farmacia, junto con la exclusión de una lista de fármacos y la bajada de precios que en estos momentos negocia el ministro con la patronal farmacéutica.

El ministro de Sanidad reiteró ayer en el Consejo Interterritorial de Salud -integrado por todos los consejeros autonómicos- su voluntad de conseguir un ahorro en farmacia de 65.000 millones como parte de la financiación de la sanidad para el próximo año. Para Romay, éste es "un dato inamovible" y un objetivo "irrenunciable". El montante sale de la lista de medicinas de baja utilidad terapéutica que se pretende excluir de la gratuidad y de una rebaja de precios.

Romay confía en una pronta solución negociada, algo que no tiene tan claro la industria. Fuentes de Farmaindustria indicaron ayer precisamente que las peticiones de Sanidad -entre listas negativas, renovación del pacto de reintegros anuales y bajada de precios- "incrementarían la aportación anual de los laboratorios al Estado del 3,2% actual de la facturación (la industria factura unos 540.000 millones de pesetas a la sanidad pública) hasta el 11,1%; "y esto es inaceptable", manifestaron.

Las mismas fuentes informaron de que se negocian unas rebajas de precios entre el 1,2% y el 2%, para ahorrar unos 7.000 millones de pesetas, así como la exclusión de más de 500 fármacos, "con fuertes agravios comparativos entre laboratorios".

El ahorro es una de las claves del nuevo modelo de financiación sanitaria acordado recientemente en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según Romay, este modelo permitirá algo más de 100.000 millones de financiación sobre lo que se habría conseguido con el anterior, pactado en 1994. Tras admitir las profundas discrepancias con autonomías como Extremadura y Castilla-La Mancha, el ministro reiteró su defensa del acuerdo. "No comparto las críticas. El modelo ha tenido un gran consenso entre las autonomías. Supone una mejora para el Sistema Nacional de Salud con un reparto equitativo que resiste cualquier crítica".

Las discrepancias han llevado a la Junta de Extremadura a anunciar un posible recurso del modelo de financiación, una vez que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado, al considerar que "es un modelo ilegal y contrario a la Ley de Sanidad", según dijo ayer en Madrid el responsable de salud de esa comunidad.

Moción socialista

El Grupo Socialista presenta precisamente hoy una moción a la mesa del Congreso de los Diputados para que el modelo financiero acordado, con una vigencia de cuatro años, sólo dure uno. Entre los argumentos, alude a la falta de acuerdo entre todas las comunidades autónomas y a que, a su juicio, no garantiza soluciones para las "supuestas" carencias financieras del anterior modelo.La moción también sostiene que el reparto económico "no se corresponde con las necesidades concretas de cada territorio", por lo que entiende que "no es equitativo".

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