De un 'decretazo' a otro

El pasado 31 de enero, el mismo día que Canal Satélite Digital iniciaba sus emisiones regulares, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto-ley sobre televisión digital que inauguraba un intervencionismo administrativo sin precedentes en las legislaciones europeas. El llamado entonces decretazo, que imponía, entre otras cosas, la autorización previa de los operadores y el bloqueo de su fondos por el Estado, y reservaba al Gobierno la fijación de las tarifas, fue rechazado por la oposición política, las asociaciones de consumidores y Canal Satélite, que como principal afectado, lo denun...

El pasado 31 de enero, el mismo día que Canal Satélite Digital iniciaba sus emisiones regulares, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto-ley sobre televisión digital que inauguraba un intervencionismo administrativo sin precedentes en las legislaciones europeas. El llamado entonces decretazo, que imponía, entre otras cosas, la autorización previa de los operadores y el bloqueo de su fondos por el Estado, y reservaba al Gobierno la fijación de las tarifas, fue rechazado por la oposición política, las asociaciones de consumidores y Canal Satélite, que como principal afectado, lo denunció ante Bruselas.Pero fue la falta de apoyo de CiU al decretazo lo que obligó al Gobierno del PP a aceptar el 13 de febrero su tramitación como proyecto de ley, aunque, eso sí, con carácter de urgencia. Durante su tramitación parlamentaria, el Gobierno desoyó las advertencias de la Comisión Europea pero logró el respaldo del PNV e Izquierda Unida, cuyos votos fueron determinantes para la aprobación definitiva de la ley digital el pasado 17 de abril.

La nueva ley permitía a la plataforma del Gobierno, Vía Digital, imponer un descodificador entonces inexistente en el mercado y discriminar el sistema con el que ya operaba Canal Satélite. Bruselas comunicó sin éxito reiteradamente al Gobierno que la norma no se ajustaba a las leyes comunitarias.

Ahora, el Gobierno se dispone a modificar el texto, bien con un nuevo decreto-ley o bien con un proyecto de ley, lo que obligaría en ambos casos a su convalidación parlamentaria. No obstante, mientras que el decreto-ley entraría en vigor desde su publicación', en el segundo supuesto la tramitación prolongaría durante meses la incertidumbre en el panorama digital.

Álvarez Cascos

Ayer, el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, dijo que espera que la Comisión Europea responda al paso dado por el Ejecutivo español, "una prueba más de la voluntad de acuerdo y un punto más de acercamiento de posiciones". Explicó que la propuesta "lo que hace es suprimir la referencia a los sistemas técnicos concretos y sustituirla por un texto donde se. hacen las mismas definiciones generales de descodificadores abiertos y compatibles, así como los plazos, para que no haya interpretaciones polémicas".

. El portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió al Gobierno que apruebe en el próximo Consejo de Ministros del día 29, el primero tras las vacaciones, un decreto-ley que rectifique los aspectos de la ley que, a su juicio, son "manifiestamente un abuso de poder" y "deje a un lado la soberbia y la chulería".

Inés Sabanés (IU) aplaudió toda iniciativa que "signifique adecuarse a la norma europea".