El Gobierno repite a Bruselas todos sus argumentos en defensa de la ley digital

El Gobierno español entregó ayer en Bruselas el pliego de descargo contestando la carta con la que la Comisión le abrió un procedimiento por infracción del derecho comunitario y le emplazó a modificar la ley de televisión digital. En el pliego, de 90 páginas, el Gobierno niega que su ley digital viole el Tratado de Roma, sostiene que no causa perjuicio a ningún operador y se opone al procedimiento de urgencia. Los argumentos utilizados son los mismos qué la Comisión ya ha rechazado, por lo que todo apunta a la rápida petición de medidas que paralicen la ley.

El pliego de descargos fue e...

El Gobierno español entregó ayer en Bruselas el pliego de descargo contestando la carta con la que la Comisión le abrió un procedimiento por infracción del derecho comunitario y le emplazó a modificar la ley de televisión digital. En el pliego, de 90 páginas, el Gobierno niega que su ley digital viole el Tratado de Roma, sostiene que no causa perjuicio a ningún operador y se opone al procedimiento de urgencia. Los argumentos utilizados son los mismos qué la Comisión ya ha rechazado, por lo que todo apunta a la rápida petición de medidas que paralicen la ley.

El pliego de descargos fue entregado por vía diplomática a las 12.50 horas, diez minutos antes de que acabara el plazo de 15 días naturales concedido por la Comisión, un período que supone una rapidez excepcional, toda vez que suele ser de dos meses.Las alegaciones preparadas por el Ministerio de Fomento rechazan todas las acusaciones de violación del derecho comunitario formuladas por la, Comisión. Fomento niega que la ley digital viole la libre circulación de mercancías (artículo 30 del Tratado), la libre prestación de servicios (artículo 59), así como las directivas de normas técnicas y de señal televisiva.

En una primera lectura, los funcionarios comunitarios receptores no han apreciado novedades en la argumentación española, sino una simple reiteración de los argumentos sostenidos en la abundante correspondencia enviada anteriormente por el ministro del ramo, Rafael Arias-Salgado.

El Gobierno se opone también al procedimiento de urgencia adoptado por la Comisión y a su anuncio de que pedirá medidas cautelares o provisionales. El comisario de Mercado Interior, Mario Monti, anunció en su carta de emplazamiento del pasado 27 de junio que si el Gobierno no rectificaba su ley, pediría al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -con sede en Luxemburgo- la adopción de medidas cautelares que paralizasen la aplicación de la ley, "dada la naturaleza de las infracciones", la "gravedad de la violación del orden jurídico comunitario" y el "riesgo de un perjuicio grave e irreparable a los operadores económicos".

¿Con qué argumentos se opone el Gobierno? Sostiene que su ley no restringe la actividad de los operadores, ni de los fabricantes de descodificadores ni de los importadores. Arguye que no habiendo restricción de actividad, no se produce daño a ningún operador, por lo que rechaza que haya fundamento para un procedimiento de urgencia y la consiguiente adopción de medidas cautelares.

El Gobierno insiste en que lo único que pretende es propiciar un pacto entre plataformas que garantice la libre competencia, siempre sobre la base de la preeminencia del descodificador de la plataforma gubernativa. Reitera su pretensión de obligar a Canal Satélite Digital a que añada a su descodificador un módulo adaptador y a que lo ofrezca obligatoriamente a sus posibles usuarios. Y opina que en caso de conflicto, él eventual litigio debería resolverse en la jurisdicción nacional en lugar de la comunitaria. Del pliego de descargos se deduce que el Gobierno no cambiará la ley, o al menos que piensa que no hay razón para cambiarla, según la primera interpretación realizada ayer por altos funcionarios de la Comisión. Pero no lo dice expresamente en el texto.

La esperanza de que el Gobierno se arrepintiese y diese marcha atrás fue el principal argumento utilizado por el comisario Marcelino Oreja para intentar reconsiderar el procedimiento de infracción el pasado día 26. Una carta de Arias-Salgado asegurando que incumpliría su propia ley abrió esa. expectativa, rápidamente cegada por la brusca desautorización del titular de Fomento a cargo del vicepresidente primero, Francisco Álvarez-Cascos.

Apremio

El carácter reiterativo de los argumentos empleados en el pliego de alegaciones y el hecho de que ya hayan sido considerados insuficientes o inconsistentes por la Comisión en etapas anteriores, apuntan a su escasa virtualidad para convencer a Bruselas. "Estudiaremos detalladamente el expediente", indicó ayer un portavoz del comisario Monti. Pero tan detallada como rápidamente. La Comisión alberga la intención de resolver este trámite también con urgencia, en su reunión del próximo día 23. Entonces iniciaría la segunda fase del procedimiento de infracción, con el envío de un "dictamen motivado".Dicho dictamen apremiaría al Gobierno a modificar su ley digital, en un plazo breve, quizá de quince días. Si continuase en rebeldía, solicitaría entonces al Tribunal las medidas cautelares que paralizasen la ley.