El Gobierno paraliza la reforma que reduce la carga lectiva de los estudios universitarios
Los cambios fueron aprobados por el Consejo de Universidades en diciembre
La ministra de Educación, Esperanza Aguirre, ha frenado la revisión de los planes de estudio universitarios, aprobada hace cuatro meses por el Consejo de Universidades con el fin de reducir la carga de clases y exámenes de los estudiantes y favorecer su capacidad de elección con unos programas más flexibles. La reforma está pendiente de un real decreto cuya inmediata aprobación por el Gobierno anunció Aguirre el 24 de marzo. Tras esta declaración de la ministra, la comunidad universitaria esperaba que la norma viera la luz en el Consejo de Ministros del 4 de abril. Los rectores atribuyen el re...
La ministra de Educación, Esperanza Aguirre, ha frenado la revisión de los planes de estudio universitarios, aprobada hace cuatro meses por el Consejo de Universidades con el fin de reducir la carga de clases y exámenes de los estudiantes y favorecer su capacidad de elección con unos programas más flexibles. La reforma está pendiente de un real decreto cuya inmediata aprobación por el Gobierno anunció Aguirre el 24 de marzo. Tras esta declaración de la ministra, la comunidad universitaria esperaba que la norma viera la luz en el Consejo de Ministros del 4 de abril. Los rectores atribuyen el retraso a las presiones ejercidas sobre la ministra por parte, del sector más conservador del PP.Los cambios implican una modificación del real decreto de 1987 sobre directrices que afectan a 133 títulos y más de 2.000 planes de estudios elaborados por las universidades. Fueron aprobados el 17 de diciembre en un pleno del Consejo de Universidades, órgano consultivo y de coordinación cuya presidencia ostenta la ministra y del que forman parte los rectores de las 48 universidades públicas y 10 privadas (como invitados), los consejeros autonómicos de Educación, 10 consejeros nombrados por el Parlamento y otros cinco por el Gobierno.
Rectores de diversas universidades se muestran convencidos de que el frenazo se produjo en la reciente reunión que mantuvo Esperanza Aguirre con la comisión de Educación del Grupo Popular del Congreso. En ese encuentro, siempre según la versión de los rectores, la ministra fue alertada e invitada a paralizar los cambios. "Fueron órdenes del partido", asegura un rector, que recuerda que no prosperaron las enmiendas presentadas por consejeros afines al Partido Popular en el pleno del Consejo.
En el pleno de diciembre, estas enmiendas contra la modificación de los nuevos planes procedían de dos consejeros nombrados a propuesta del PP: José Luis Martínez López-Muñiz y Vicente Pedraza Muriel.- "Lo que no tiene sentido es que una tesis que no prospera en el órgano correspondiente salga adelante por otro atajo" , comenta otro rector, que subraya que la paralización no respeta el dictamen del Consejo. "Las universidades ya están trabajando con la referencia de unos cambios que son el resultado de un trabajo de año y medio y han sido aprobados por el Consejo", añade este responsable universitario.
Joan Romero, portavoz de Educación del PSOE, considera que sólo cabe una explicación: "La ministra está intentando desoír a la comunidad universitaria y al Consejo de Universidades". El diputado socialista advierte, además, que, si no se modifican los planes en abril o en mayo, los cambios no podrán ser aplicados el próximo curso.
Consejo de Estado
El ministerio, lejos de confirmar la tesis de la paralización, atribuye el aplazamiento a que el 4 de abril llegó a destiempo el informe favorable del Consejo de Estado, órgano consultivo por el que tiene que pasar la propuesta antes de llegar al Consejo de Ministros. El siguiente viernes, 11 de abril, la ministra se encontraba de viaje en el extranjero y no asistió al Consejo de Ministros.
La paralización afecta asimismo a la modificación del título V de la Ley de Refoma Universitaria (LRU), relativo a la contratación del profesorado. El cambio, pactado por los principales partidos parlamentarios y los diversos sectores de la comunidad universitaria entre febrero y marzo, se reflejará en un anteproyecto de ley basado en un documento consensuado que promueve fórmulas de, "contratación laboral" de profesores.
Estas fórmulas rompen con el corsé actual fijado por la Ley de Reforma Universitaria, que sólo prevé la figura del docente funcionario. La limitación de la carrera docente a la condición de funcionario desde que fuera aprobada la LRU, en 1983, ha desembocado en una situación irregular por la que las universidades tienen contratados. a unos 20.000 profesores a tiempo completo, pero recurriendo de forma perversa a la figura del profesor asociado, definida en la LRU como un profesional no docente de reconocido prestigio y ontratado a tiempo parcial.