El Gobierno aprobará hoy un guión de medidas para completar la liberalización

La Comisión Delegada del Gobierno dio ayer luz verde a un nuevo plan para liberalizar e impulsar la economía que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros. El plan es, en su mayor parte, un enunciado de reformas pendientes con un contenido no totalmente perfilado. De hecho, hoy no se aprobarán las normas correspondientes, aunque sí un calendario en algunos casos. Las medidas afectan a los sectores del suelo, vivienda, telecomunicaciones, competencia y financiero. Cambiará la actual estructura del Tribunal de Defensa, de la Competencia para hacerle más operativo y habrá medidas para ...

La Comisión Delegada del Gobierno dio ayer luz verde a un nuevo plan para liberalizar e impulsar la economía que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros. El plan es, en su mayor parte, un enunciado de reformas pendientes con un contenido no totalmente perfilado. De hecho, hoy no se aprobarán las normas correspondientes, aunque sí un calendario en algunos casos. Las medidas afectan a los sectores del suelo, vivienda, telecomunicaciones, competencia y financiero. Cambiará la actual estructura del Tribunal de Defensa, de la Competencia para hacerle más operativo y habrá medidas para que las pequeñas y medianas empresas accedan a sistemas de financiación.

Se trata del segundo grupo de medidas que aprueba el actual Gobierno, tras el del pasado mes de junio. Las primeras afectaron, sobre todo, al sistema fiscal y ahora se trata de actuar sobre sectores económicos. El objetivo es desregular e impulsar la actividad económica para bajar precios y crear empleo.Sin embargo, el nuevo plan del Gobierno será un enunciado de reformas y grandes objetivos sin demasiado detalle. Las medidas del pasado mes de junio se plasmaron inmediatamente en varios decretos ley que, en la mayoría de los casos, se tramitaron después en el Parlamento como proyectos de ley.

Ahora se presenta un plan de menor calado económico aunque con ello se intentará demostrar que el Gobierno no ha perdido la iniciativa. Los cambios afectarán a unos 15 decretos y a 20 leyes que tendrán que reformarse o hacerse nuevos. También se aprobarán algunas órdenes ministeriales.

Para dar un mayor alcance a este plan, se le adornará con las reformas pendientes en el mercado laboral, la sanidad y los sistemas de previsión social. Sin embargo, todas estas reformas están pendientes de soluciones ajenas al Gobierno. La reforma laboral depende por ahora de empresarios y sindicatos y la reforma de la sanidad y, de los sistemas complementarios, de sendas ponencias parlamentarias creadas al efecto.

. La reforma de mayor alcance es la relativa al mercado del suelo. Habrá una nueva Ley del Suelo que será debatida y acordada con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Dentro de la ley, se cambiará el sistema de calificación del suelo y el régimen jurídico de la propiedad. Quedará como obligatoria la cesión del 10% del terreno a los ayuntamientos por parte de las promotoras. El objetivo es abaratar el precio del suelo y de la vivienda, para apoyar al sector de la construcción.

En materia de vivienda, se estudia un nuevo Plan de Vivienda, con el objetivo de impulsar las de protección oficial (VPO). También se contempla como posible la mejora de la fiscalidad tanto de las VPO como de las viviendas nuevas. Durante los últimos meses, CiU, el socio parlamentario del PP, ha manifestado públicamente que una de las medidas más efectivas para abaratar el precio de la vivienda sería rebajar el IVA. En estos momentos, el IVA de la vivienda libre está situado en el 7%, en tanto que en el caso de la protegida es del 4% o el 7%, según sean las rentas menores o superiores a tres veces el salario mínimo.

En los fondos de inversión inmobiliaria habrá también una nueva regulación. Se pretende dar facilidades para que tengan una mayor actividad en el mercado del alquiler.

El mercado de las telecomunicaciones también experimentará un nuevo acelerón liberalizador, que debe concretarse en la introducción del tercer y cuarto operadores en telefonía.

El Tribunal de Defensa de la Competencia tendrá un nuevo marco de actuación. La intención de Economía es que sea más operativo. Para ello, el Tribunal podrá instruir expedientes, mientras que las sentencias se podrán recurrir al Supremo. La Agencia Tributaria se encargará del cobro de las sanciones económicas.El Tribunal seguirá dependiendo de Economía aunque se someterá al control del Parlamento.

Respecto de las pequeñas y medianas empresas lo que se persigue es darles mayores facilidades para que accedan a sistemas de financiación como el capital-riesgo, el leasing (arrendamiento financiero) o el factoring (cobro y financiación de deudas).