Carbón y energía

UNA TONELADA de carbón polaco puesta en puerto viene a costar unas 5.000 pesetas. El extraído de las minas asturianas de Hunosa sale por unas 30.000, y el de las leonesas, entre 10.000 y 12.000 pesetas. Ese sobrecoste repercute en el precio de la energía, y éste, en la productividad de las empresas españolas. Ése es el problema que se proponía abordar el ministro de Industria, Josep Piqué, con su protocolo eléctrico. Algo que ya no está tan claro tras la reunión convocada ayer en la sede del Partido Popular por el vicepresidente Álvarez Cascos y a la que asistieron el propio Piqué y los presid...

UNA TONELADA de carbón polaco puesta en puerto viene a costar unas 5.000 pesetas. El extraído de las minas asturianas de Hunosa sale por unas 30.000, y el de las leonesas, entre 10.000 y 12.000 pesetas. Ese sobrecoste repercute en el precio de la energía, y éste, en la productividad de las empresas españolas. Ése es el problema que se proponía abordar el ministro de Industria, Josep Piqué, con su protocolo eléctrico. Algo que ya no está tan claro tras la reunión convocada ayer en la sede del Partido Popular por el vicepresidente Álvarez Cascos y a la que asistieron el propio Piqué y los presidentes de las comunidades autónomas afectadas por el conflicto del carbón (Castilla y León, Asturias y Aragón), todos ellos del PP.El protocolo proponía rebajar del 31% al 15% el porcentaje de carbón nacional que deben adquirir las empresas generadoras. Tras dos semanas de movilizaciones de los mineros leoneses y algunos movimientos internos en el PP, el ministro de Industria recibió también ayer a los representantes sindicales, con los que se comprometió a negociar el asunto. Tras esa reunión y la que se produjo luego en la sede del PP, se anunció que el asunto del carbón se cae del protocolo eléctrico y se abre un paréntesis para la anunciada reducción de las subvenciones a la minería nacional. Entretanto, se negociarán con los sindicatos iniciativas tendentes a favorecer inversiones alternativas en las cuencas mineras. Es decir, que habrá otra cosa diferente a lo que quiso ser un intento de liberalización del mercado con vistas a abaratar la energía. Porque es el precio de la energía lo que está en cuestión.

Mientras las industrias españolas tengan que cargar con una electricidad que asume la carga del carbón nacional, estarán en inferioridad de condiciones en un mercado cada vez más internacionalizado. Desde el sector del carbón se responde, sin embargo, que la industria eléctrica está más subvencionada que la minería, y se recuerda que también es más barata la energía que las empresas eléctricas españolas compran a las nucleares francesas para distribuirla por la red nacional, y no por eso se plantea cerrar Iberdrola o Sevillana.

Este debate coincide, por otra parte, con la inauguración del gasoducto euro-magrebí, que trae hasta Córdoba el gas de Argelia, de acuerdo con la opción energética adoptada hace unos años. Su ejecución ha costado unos 290.000 millones de pesetas, la mitad de los cuales ha pagado la Unión Europea, y se ha quedado inusitadamente por debajo de lo presupuestado. Cuando esté a pleno rendinmiento, el gasoducto tendrá capacidad para suministrar el 40% del consumo español de gas previsto para el año 2000. Sustituye a los costosos traslados por barco, sometidos a las incertidumbres meteorológicas. Con todo, dada la situación argelina, no se debe excluir la posibilidad de que este suministro se vea cortado por motivos políticos. Razón de más para que, si España avanza en su gasificación, procure también aumentar su capacidad de almacenamiento, que actualmente equivale a un mes de suministro.

En términos estrictamente económicos, la apuesta por el gas ofrece pocas dudas. Para el consumidor doméstico es un combustible barato y limpio. En términos de consumo energético final, el gas en España representa un 7%, frente a un 20% en el conjunto de Europa. Existe, pues, un margen amplio para desarrollar el negocio gasista, controlado prácticamente en régimen de monopolio por la compañía Gas Natural.

Excluida la potenciación de las centrales nucleares, la política energética del actual Gobierno es continuista: apuesta por el gas frente al carbón. Es una confrontación desigual: mientras un kilovatio / hora generado por gas cuesta en tomo a cinco pesetas, obtenido mediante carbón nacional supone unas diez. Los costes de inversión también son favorables al gas: la construcción de una planta de carbón equivale a unas 150.000 pesetas por kilovatio, el triple que un grupo de gas. Por eso es tan negro el porvenir del carbón nacional, por más que la combinación entre movilizaciones sindicales y temor de los políticos locales a que les revuelvan los caladeros electorales consiga, una vez más, prolongar su agonía.