Barrionuevo sigue siendo clave para inculpar a González, quien puede ser testigo en el juicio
El ex ministro del Interior José Barrionuevo -procesado en el caso GAL- sigue siendo clave para la posible inculpación del ex presidente del Gobierno Felipe González o, al menos, para que sea llamado a declarar en la fase de instrucción. En todo caso, si alguna de las partes solicitase que González declare como testigo en el juicio y la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo estimase procedente, tendría que comparecer en la vista oral. En tal supuesto no tendría derecho a declarar por escrito, por tratarse de un ex presidente de Gobierno.Las acusaciones hasta ahora formuladas contra Gonzá...
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El ex ministro del Interior José Barrionuevo -procesado en el caso GAL- sigue siendo clave para la posible inculpación del ex presidente del Gobierno Felipe González o, al menos, para que sea llamado a declarar en la fase de instrucción. En todo caso, si alguna de las partes solicitase que González declare como testigo en el juicio y la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo estimase procedente, tendría que comparecer en la vista oral. En tal supuesto no tendría derecho a declarar por escrito, por tratarse de un ex presidente de Gobierno.Las acusaciones hasta ahora formuladas contra González no han merecido crédito para la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que de alguna forma ha avalado las palabras del ex jefe del Gobierno: "Ni hay pruebas ni las habrá".
El ex dirigente socialista Ricardo García Damborenea aseguró que había hablado en varias ocasiones con González sobre la necesidad de "responder" a los atentados de ETA. Y el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal manifestó que conociendo, a Barrionuevo, no era probable que hubiera actuado sin consultar con Felipe González. La imputación de García Damborenea fue considerada por el juez instructor Eduardo Móner "no respaldada por ninguna prueba", y la apreciación de Sancristóbal como "una vaga alusión".Peticiones denegadas
La petición de imputación a González, basada en esas declaraciones, fue denegada por Móner, por estimar que "no resultan fundadas ni verosímiles". Posteriormente, el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán señaló que González "lo sabía todo", pero no concretó ni aportó pruebas. Tras conocer esa declaración, el Ministerio Fiscal no ha cambiado su criterio contrario a la declaración de González.
Fuentes del Supremo aseguran que la única posibilidad de que González sea inculpado reside en la imputación de Barrionuevo, procesado en el caso Segundo Marey por presunta participación en banda armada y cuyo testimonio tendría suficiente crédito, según tales fuentes. Sectores socialistas han manifestado en privado en los últimos meses que, por razones familiares y personales, era muy probable que Barrionuevo no aceptara cargar con la máxima responsabilidad penal, a nivel de Gobierno, en la guerra sucia contra ETA. Sin embargo, en las últimas semanas existía seguridad de que el ex ministro del Interior no trataría de inculpar a González.
Las mismas fuentes indican que siempre cabría involucrar penalmente a González en el caso GAL si apareciera alguna prueba nueva o si de la desclasificación de los papeles del Cesid -en caso de que así lo ordenara la Sala Tercera del Tribuna Supremo- se dedujera la responsabilidad penal del ex presidente del Gobierno socialista. Por el momento, y dado el conocimiento del contenido de tales documentos, no parece que exista posibilidad de inculpación por ese lado.
En todo caso, el testimonio de González podría ser requerido por las partes para la vista oral, en la que no podría testificar por escrito. De aceptar la Sala Segunda del Supremo tal prueba, no es probable que tal, declaración desencadenara una inculpación. Apelación a la lógica
Mientras tanto, es difícil que las apelaciones a la lógica realizadas por la acusación popular, si no se traducen en indicios concretos, sean capaces de dar soporte jurídico a una citación judicial. El letrado de la acción popular José Luis Galán cree que negar que González estaba al tanto de los GAL "es desconocer la realidad de los hechos y supone un atentado contra la lógica, porque [González] es precisamente la pieza que falta en este rompecabezas". Tales planteamientos pueden tener incidencia política o ética, pero no penal, según las fuentes del Supremo antes citadas.
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