El Supremo decidirá el 4 de noviembre si González tiene que declarar sobre los GAL

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha señalado para el próximo 4 de noviembre la vista de apelación en la que el pleno de los magistrados decidirá si el ex presidente del Gobierno, Felipe González, queda exonerado de declarar en el caso GAL, o si es citado en calidad de testigo o como imputado en el sumario por el secuestro de Segundo Marey. La vista será pública y en la misma informarán el fiscal, y los abogados dé todas las partes personadas, pero el ex presidente del Gobierno no estará representado. Según fuentes del Supremo, la Sala Segunda sigue fuertemente dividida sobre la cuestión....

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha señalado para el próximo 4 de noviembre la vista de apelación en la que el pleno de los magistrados decidirá si el ex presidente del Gobierno, Felipe González, queda exonerado de declarar en el caso GAL, o si es citado en calidad de testigo o como imputado en el sumario por el secuestro de Segundo Marey. La vista será pública y en la misma informarán el fiscal, y los abogados dé todas las partes personadas, pero el ex presidente del Gobierno no estará representado. Según fuentes del Supremo, la Sala Segunda sigue fuertemente dividida sobre la cuestión.

Las fuentes consultadas en el Supremo señalan que entre los 11 magistrados que, en principio, tendrán que decidir sobre la convocatoria, continúa existiendo la misma división que el pasado mes de septiembre, cuando acordaron un aplazamiento mientras el juez instructor, Eduardo Móner, tramitaba las apelaciones. Sin embargo, según las mismas fuentes, en las últimas semanas las posibilidades parecen haberse reducido a dos: o no citarle a declarar o llamarle como imputado.Una eventual citación en calidad de testigo supondría que González no tendría que acudir físicamente al Tribunal Supremo, sino responder por escrito a un cuestionario de preguntas que le formulasen las partes. Las respuestas escritas de González, previsiblemente contradictorias con las acusaciones de Damborenea, seguirían siendo objeto de controversia. Además, como testigo siempre podría volver a ser propuesto para la vista del juicio oral ante el pleno de la Sala.

Un sector de los magistrados prefiere que González declare "investido de todas las garantías", eufemismo procesal bajo el que se le atribuiría la más que descriptiva condición de "imputado". Tendría derecho a guardar silencio y no se le tomaría juramento o promesa de decir verdad, pero estaría obligado a acudir personalmente al Tribunal Supremo, acompañado por un abogado defensor y someterse durante horas al bombardeo de preguntas que quisieran dirigirle los letrados de las partes, aunque no las contestase.

Entre los letrados de las acusaciones que interrogarían al ex presidente figuran el ex senador de Herri Batasuna Miguel Castells, que representó a algunas víctimas de los GAL, y los abogados de la acción popular José Luis Galán y Teodoro Mota. Pero también intentará incriminar a González el sector de abogados que encabezan el socialista del sector histórico, Manuel Murillo, y el catedrático José María Stampa, que defienden respectivamente al ex jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista, Francisco Álvarez,y al ex director de la Seguridad, Julián Sancristóbal. Este sector sigue fiel a su estrategia de desviar por elevación las presuntas responsabilidades de sus defendidos.