Los pueblos multados por sus encierros acuden al juez
Los encierros, en el banquillo. Al menos cinco de los nueve municipios sancionados por la Consejería de Presidencia por organizar encierros sin permiso (véase EL PAÍS del pasado sábado) recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.Antonio Barranco, alcalde socialista de Meco (4.150 habitantes), cuyo municipio ha sido multado con 5,2 millones, dice: "La sanción es desorbitada. Recurriremos, porque el instructor [el director de Protección Ciudadana, Luis Mallo] propuso inhabilitar al pueblo durante un año. Sin embargo, nos han castigado con una sanción económica, no con una inhabil...
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Los encierros, en el banquillo. Al menos cinco de los nueve municipios sancionados por la Consejería de Presidencia por organizar encierros sin permiso (véase EL PAÍS del pasado sábado) recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.Antonio Barranco, alcalde socialista de Meco (4.150 habitantes), cuyo municipio ha sido multado con 5,2 millones, dice: "La sanción es desorbitada. Recurriremos, porque el instructor [el director de Protección Ciudadana, Luis Mallo] propuso inhabilitar al pueblo durante un año. Sin embargo, nos han castigado con una sanción económica, no con una inhabilitación. Por eso, creemos que hubo indefensión". Meco, para no tener que hacer efectiva la multa, ha presentado un aval, a la espera de lo que decidan los jueces.
PASA A LA PÁGINA 3
"Sus recursos no prosperarán", dice el consejero de Presidencia
VIENE DE LA PÁGINA 1Pero Meco no será el único que recurrirá. José Mayor, de IU, alcalde de Villarejo (5.300 habitantes), pueblo sancionado con 3,9 millones, relató a Efé: "No nos queda otro remedio que acudir a los tribunales. La Comunidad no ha calibrado bien este tipo de sanciones, en especial contra los municipios pequeños". Algo parecido piensan el alcalde independiente de Manzanares (2.950 habitantes) y los socialistas de Camarma (2.050) y Los Santos (950). El de Camarma, Luis Gregorio Díaz, considera que la sanción carece de sentido, "porque no hay ninguna ley que regule la suelta de toros por el campo. En todo caso, sería un festejo alegal, nunca ilegal".
Por su parte, el consejero de Presidencia, Jesús Pedroche, aseguró el pasado viernes que "si alguno de ellos presenta recurso, tiene muy pocas posibilidades de prosperar". "Tal y como están las cosas, no creo que ningún juez les dé la razón", aventuró. También tienen multa Sevilla La Nueva (2.200 habitantes), Navalcarnero (11.500), Moralzarzal (3.220) y El Boalo (2.300).